En libertad el combatiente en la guerra de Ucrania detenido en Gijón

Rafael Muñoz, el madrileño de 27 años afincado en Asturias que esta mañana era detenido junto con otros siete jóvenes españoles dentro de la 'Operación Danko', ha salido en libertad esta tarde según fuentes consultadas por EL COMERCIO. Efectivos de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional llevaban a cabo hoy los arrestos justo cuando los ocho combatientes acababan de regresar de Ucrania tras haber participado en el conflicto de la región de Donbass. Desde su detención esta mañana, Rafael Muñoz se encontraba en la Comisaría de la Policía de Gijón donde se ha negado a declarar. A lo largo de la tarde se ha ido poniendo en libertad de forma ordenada a los arrestados. Amigos y compañeros de Muñoz estuvieron esperando en las inmediaciones de la comisaría hasta que fue puesto en libertad. Además, convocaron una concentración en su apoyo.

El motivo que llevó a su detención es que la Policía considera que sus acciones en Ucrania pueden ser constitutivas de delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado y en concreto se les atribuye "complicidad en asesinatos y tenencia y depósito de armas y explosivos". Además recuerda Interior que algunos de los actos cometidos en ese conflicto han sido calificados como terrorismo por las autoridades locales.

Las detenciones de la 'Operación Danko' han tenido lugar en Gijón, Cartagena, Barcelona, Cáceres, Pamplona, Alcorcón (Madrid) y dos de ellos en Madrid capital. Los ocho españoles se desplazaron a Ucrania durante el año 2014 y regresaron recientemente a España. Todos ellos se incorporaron a los grupos separatistas prorrusos en el bando que lucha por la independencia de las regiones ucranianas de Lugansk y Donetsk. Tres de los detenidos eran antiguos militares del Ejército de Tierra y tenían formación en el uso de armas y material de guerra.

Muñoz es madrileño y trabajador social, aunque lleva varios años afincado en Gijón, después de haber residido en Candás. Es militante de IU de Asturias y de la UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España) y vendió su coche para desplazarse en agosto a Ucrania. Allí se unió al Batallon Vostok, a la milicia prorrusa más violenta y temida que están bajo las órdenes de Igor Strelkov, jefe de las Fuerzas Armadas de la República Popular de Donetsk.

Los investigadores sostienen que los detenidos han difundido estos hechos también a través de las redes sociales y con repercusión en la captación y reclutamiento de futuros combatientes. Compartieron y difundieron su entrenamiento, exhibiendo uniformes paramilitares, fusiles de asalto, artefactos y dispositivos explosivos y se manifestaban a favor de la lucha armada de los secesionistas violentos, según informa Interior.

Según Interior, esta operación, que culmina diversas investigaciones de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional dirigidas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se está desarrollando en virtud de Diligencias del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional.

En los últimos meses, los servicios de información habían tenido constancia del desplazamiento de varias decenas de jóvenes españoles (de ideología comunista en su mayoría) al este de Ucrania para integrarse en las filas de los rebeldes pro rusos. Varios vídeos en redes sociales daban cuenta de sus hazañas en el frente. Hace unos meses, el Gobierno estudio la posibilidad de penar la simple participación en conflictos extranjeros, pero finalmente esta reforma no entró en el Código Penal.

Competencia de la Audiencia Nacional

La operación, denominada 'Danko', fue iniciada a partir de una investigación de la Comisaría General de Información, que rastreó las actividades de los ocho arrestados en las redes sociales, y una querella de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que fue admitida a trámite por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz. En la misma, según estas fuentes, no participaron las autoridades ucranias.

El magistrado se declaró competente para investigar estos hechos en virtud del artículo 23.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece la potestad de este tribunal para investigar "los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho". Su labor se limitó a autorizar los registros pero no ordenó las detenciones, que fueron realizadas por la Policía Nacional.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que esperará a las declaraciones de los detenidos ante el juez para decidir si solicita su ingreso en prisión, considera que estos actos pueden ser constitutivos de cooperación en asesinatos y homicidios, y tenencia y depósito de armas.

Según fuentes jurídicas, la operación se ha llevado a cabo para tratar de poner coto a este fenómeno emergente y evitar actuaciones en el extranjero que podrían ser consideradas como terrorismo y que tendrían como objetivo aterrorizar a la población civil.