El coste de la Administración

El Gobierno central fija la evolución de los salarios de los empleados públicos, de obligada aplicación en todas las comunidades autónomas y ayuntamientos, por razones de cohesión territorial y equidad elementales, pero el pago de esos sueldos corresponde a los gobiernos autonómicos y municipales, creándose un desajuste entre el que ordena y el que ejecuta cuando no hay una comunicación fluida entre las administraciones, como ha ocurrido en esta ocasión. Sin mediar advertencia o aviso el Gobierno fuerza a comunidades autónomas y consistorios a abonar con carácter retroactivo todo el incremento del presente año, que sumado al 1,5% del próximo, da como resultado una elevación de la nómina del 4% en un breve lapso de tiempo. El Gobierno gana imagen ante un colectivo numeroso, de 3,5 millones de funcionarios, a costa de dificultar la gestión de los recursos a otras administraciones.

El presidente Barbón ha afirmado que el Principado está preparado para hacer frente al incremento de sueldos, porque ya había hecho una reserva presupuestaria. La previsión también alcanza al aumento de los salarios para 2026. No hizo ni la más leve crítica sobre la cuantía del nuevo gasto impuesto. Hay consecuencias del aumento de las nóminas que, aunque se hayan podido prever, no dejan de ser preocupantes, como la estimación realizada por la vicepresidenta Gimena Llamedo sobre el coste de incrementar los salarios un 2,5%, que será de 60 millones. Si contemplamos todos los aumentos salariales, de 2025 a 2028, nos encontramos con que la factura del acuerdo oscilará entre los 252 y 264 millones en función de la evolución del IPC. A ese incremento salarial hay que sumarle el coste de la ampliación de la plantilla que se produce, en todos los ejercicios. Ejemplo de ello es el actual presupuesto donde el aumento global de la partida de personal fue de 135,2 millones, habiéndose incorporado 510 trabajadores, 306 en calidad de funcionarios, 114 laborales y 90 de personal estatutario y directivo. El proyecto de cuentas regionales, actualmente en periodo de negociación, fue presentado por el presidente del Principado de forma inequívoca, «el presupuesto de 2026 va a ser el presupuesto de la educación pública», con la contratación de 240 profesionales, la gran mayoría especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

El gasto en personal consume más de un tercio del presupuesto asturiano (35,3% en 2025). Sobre los salarios, el Principado tiene un escaso margen de maniobra, pero de su decisión depende el incremento constante de la plantilla. Siempre hay razones concretas para ampliar las contrataciones, pero al Gobierno regional le corresponde realizar un análisis equilibrado sobre los recursos que se van a destinar a la Administración y lo que queda para cubrir las demandas de los ciudadanos y las empresas. Es muy peligroso que se instale en la sociedad la idea de que se pagan onerosos impuestos, fundamentalmente, para alimentar a una Administración que aumenta de tamaño todos los años, con un personal que tiene garantizada una envidiable senda salarial que le permitirá ganar poder adquisitivo en los próximos años.