Demasiadas sombras

Resistirse a desvelar las causas de un incidente sin precedentes en la red de abastecimiento eléctrico, que además ha provocado un alto nivel de desconfianza en el sistema, puede parecer un ejercicio de extrema prudencia por parte del presidente del Gobierno hasta tener el resultado de la investigación. Pero obcecarse en mantener viva la hipótesis de un ciberataque cuando ha sido descartada de plano por Red Eléctrica Española (REE), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los servicios de la Comisión Europea invita a pensar que forma parte de una maniobra estratégica para ganar tiempo en la resolución de una adversidad sin precedentes en lo que va de siglo.

No es lo mismo que se hubiera producido un sabotaje contra la seguridad nacional, con toda la gravedad que esa circunstancia entrañaría, que aceptar sin remedio que el cortocircuito tuvo lugar en casa, sin ningún tipo de injerencia exterior. Y además en un nervio del Estado, gestionado por una compañía con control público, como es Red Eléctrica, participada en un 20% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y presidida por una persona elegida por el Ejecutivo. En este caso, la exministra socialista en la etapa del mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, Beatriz Corredor, ya adelantó que no piensa dejar el cargo por el 'affaire' del apagón. Si Pedro Sánchez la mantiene en el puesto, aún con una indisimulada tibieza, podría correr el riesgo de hacerse corresponsable de las decisiones adoptadas por REE. Salvo que al final la deje caer.

La búsqueda de responsabilidades ha entrado en el terreno del rifirrafe. El presidente aprieta a las compañías eléctricas para que aclaren todos los movimientos que se produjeron antes del colapso general que dejó sin electricidad a la península ibérica el lunes fatídico. Y operadoras como Iberdrola le han devuelto la presión descargándola sobre él mismo con el señalamiento a Red Eléctrica. Al margen de lo que vayan expresando sus propios socios de Gobierno y las formaciones políticas que lo sustentan, como es el caso de Sumar, que ya ha exigido la nacionalización de la gestora de redes, el PP se ha cargado de argumentos para poner en cuestión la política energética del Gobierno socialista. El principal partido de la oposición considera que no resulta «sensato» desenchufar las centrales nucleares como pretende el Ejecutivo de Sánchez de forma progresiva a partir de 2027. El mandatario socialista, por contra, llegó a afirmar en los últimos días que estas plantas «lejos de ser parte de la solución, son parte del problema».

Es irresponsable encarar el debate sobre el reto de la transición energética, que condiciona el futuro industrial y económico de este país, desde una posición únicamente ideológica. Como también lo es concebir la energía atómica como mero negocio, soslayando el lastre del almacenaje de residuos radioactivos. El arrebato, doctrinario o especulativo, no es lo más razonable para evitar sacudidas no deseadas como la del apagón.