Dinamizar la economía

La desconfianza se centra en el desarrollo de la Ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional (PIER). Los proyectos que obtengan la calificación de PIER tendrán acceso a una mayor financiación pública, verán reducidos los plazos de la tramitación administrativa y podrán aspirar a adaptaciones del planeamiento urbanístico. La norma, que tuvo un amplio respaldo parlamentario, contempla parámetros objetivos, como la exigencia de una inversión de 30 millones en dos años, la creación de 100 empleos directos indefinidos, antes de tres años, o el mantenimiento de 200 empleos durante el mismo periodo de tiempo; la oposición logró introducir otras propuestas de indiscutible importancia, pero más difíciles de valorar. Con carácter excepcional se podrán considerar estratégicos los proyectos que tengan un impacto relevante para el Principado por su carácter innovador, capacidad de dinamización social, contribución a la sostenibilidad ambiental o mantenimiento de un número significativo de empleos. Ante esa difusa casuística IU tiene como objetivo alcanzar un acuerdo político para aplicar la ley.

Las decisiones que se tomen sobre los proyectos estratégicos harán que el mandato sea fructífero o baldío. Hay asuntos interesantes encima de la mesa como la redacción del reglamento de la Ley Ambiental, las bases de las futuras directrices de comercio y los espacios para ubicar los parques de baterías, que ya estaban avanzados con la consejera, Nieves Roqueñí. A ello se han añadido los dos primeros proyectos presentados en la Consejería de Transición Ecológica para ser declarados como estratégicos: Explotaciones Mineras del Cantábrico compromete una inversión de más de 100 millones en año y medio, con 150 o 200 empleos, para trabajar en la mina soterrada de oro en Salave (Tapia de Casariego); Ingeniería Integrada para la Edificación S.L. quiere construir el Parque Logístico del Aeropuerto de Asturias (64,5 Ha.), invirtiendo 16 millones que conllevan la creación de 3.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos. Como pide el empresariado, los proyectos deben analizarse con criterios 'estrictamente técnicos'.

Asturias reúne la doble condición de ser una región netamente industrial –una de las seis regiones en que la industria representa más del 20% del PIB– y tener un patrimonio medioambiental espectacular –en 10.604 kilómetros cuadrados hay el 13% de las Reservas de la Biosfera de España–. En consecuencia, gobernar en nuestra región significa buscar un equilibrio entre industria y medio ambiente. En las negociaciones para formar el Gobierno de coalición, IU reclamó las competencias medioambientales, y por eso gestiona la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda. En año y medio de gestión el balance no es positivo, porque se ha impuesto la táctica de retrasar decisiones, redactar normas para impedir o constreñir actividades económicas y manejar las directrices de ordenación del territorio con la mentalidad del que concede o niega licencias a proyectos concretos.

El discurso de la ayuda al medio rural, tan del gusto de la izquierda, se torna contradictorio cuando no se permite implantar actividades que darían empleo y riqueza a un territorio que se descapitaliza, a la vez, de recursos humanos y económicos. En 13 comunidades se ha legislado sobre proyectos de interés estratégico. Carecería de sentido que el Principado, vía acuerdo político entre los socios, dejara a la ley desprovista de su capacidad para dinamizar la economía.