Un disparate ambiental y un despilfarro público
La anunciada privatización de las plazas de aparcamiento del Cinturón Verde, ya sea en bloque o de manera individual, constituye un disparate ambiental y un ... despilfarro de recursos públicos. Se trata, en realidad, de una huida hacia adelante que pone en riesgo el patrimonio municipal, en un momento en que los aparcamientos públicos de carácter disuasorio permanecen, en su mayoría, vacíos por las carencias de gestión del propio Ayuntamiento.
A esta situación se suma la paradoja de que el gobierno local planee construir nuevos parkings con cientos de plazas en pleno centro urbano —en La Escandalera, El Campillín y la antigua Fábrica de Gas—, dentro de la Zona de Bajas Emisiones. Una decisión que se apoya en la supuesta existencia de una demanda vecinal que nadie ha demostrado y que carece de estudios fiables, además de contradecir el rechazo expresado por la ciudadanía y el Plan de Movilidad actualmente en tramitación.
Frente a la privatización anunciada de más de 2.700 plazas, comenzando por el aparcamiento de Ferreros, y ante la previsión de construir aún más plazas en nuevos parkings, proponemos otra vía: dar prioridad a la Tarjeta de Residente o Tarjeta Ciudadana dentro del sistema de estacionamiento regulado (ORA) y fomentar el uso de las plazas en rotación de los aparcamientos públicos del Cinturón Verde.
Estas medidas deberían integrarse en el Plan de Movilidad y en una gestión coordinada de todas las plazas públicas de aparcamiento —tanto subterráneas como en superficie— con un objetivo claro: reducir el tráfico y la contaminación, impulsar el transporte público y avanzar en la renaturalización de la ciudad, especialmente en la Zona de Bajas Emisiones.
Además, esta alternativa permitiría a Oviedo conservar su equipamiento público, destinando las plazas al alquiler y a la rotación, cumpliendo así la finalidad con la que fueron concebidas desde el origen del Cinturón Verde: servir como aparcamientos disuasorios.
Hablamos de una oportunidad para mantener el patrimonio municipal y garantizar una rentabilidad social en términos de accesibilidad y movilidad, vinculada a una operación que costó decenas de millones de euros a las arcas públicas.
En barrios como los del entorno de El Campillín, la privatización significaría más tráfico, más densidad y un aparcamiento más caro, además de la pérdida de zonas verdes y un aumento de la contaminación en un entorno escolar.
Por el contrario, la propuesta de IU-Convocatoria por Oviedo busca reforzar los derechos ciudadanos, fijar población en los barrios, combatir la especulación urbanística y avanzar hacia una ciudad más cohesionada, habitable y renaturalizada.
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