Poder judicial

En este momento, en los sillones del Gobierno están sentados tres jueces que, en vez de luchar para conseguir la independencia de sus colegas, lo que están mantienen es un descarado silencio y no hacen nada de nada. A todas luces su actitud es innoble, tanto con sus colegas jueces como con los propios ciudadanos.

Este Gobierno, al igual que otros anteriores, no ha hecho absolutamente nada para dotar a los juzgados de todos los medios materiales y humanos que necesitan para, con ello, evitar la ralentización de la justicia y conseguir mas eficacia en las actuaciones de los jueces y magistrados. Muchos juzgados están sobrecargados de trabajo y a ello tenemos que añadir la falta de agilidad en la tramitación procesal y la burocracia, que están provocando graves retrasos en la resolución de los casos. Situaciones estas que afectan a la eficacia y a la credibilidad del sistema judicial.

A título de ejemplo y refiriéndome a Asturias, tanto los jueces como los letrados de la Administración de Justicia no hacen mas que quejarse de las deficiencias que tienen sus obsoletos equipos informáticos, que incluso provocan la cancelación de juicios que se están celebrando y que han de suspenderse a causa de caídas del sistema que permite la grabación de las sesiones. Quien falla en esto es nuestro Gobierno autonómico, que es el responsable directo por no proveer a los juzgados de los necesarios medios materiales y personales.

Es incuestionable que en vez de los reiterados ataques al poder judicial, que se producen desde el propio Parlamento y el mismo Gobierno, lo que habría de conseguir, de una vez por todas, es un serio pacto entre todos los partidos políticos, o al menos entre los dos mayoritarios, para tomar decisiones que garanticen la independencia, la imparcialidad y el buen funcionamiento de los tribunales de nuestro país.

Los políticos tienen que alcanzar grandes pactos con sentido de Estado para frenar el manifiesto ataque a la democracia que en este momento estamos viviendo, y lo que no puede ser es que sólo se pacte a cambio de votos para seguir gobernando y se otorgue la impunidad a aquellos que han delinquido por actos terroristas o por querer independizarse.

Estamos viviendo al estilo de la dictadura argentina, chilena o bolivariana y, de ese modo, se rompen las reglas constitucionales para poder manipular a los tribunales y, con ello, quebrar el estado de derecho. Ya se ha perdido el pudor por romper estas reglas y, por ello, un día sí y otro también se cercena la imparcialidad del poder judicial, sin que esos 'politiquillos' asuman la responsabilidad de sus actos.

Me pregunto qué pensarán esos alumnos de las facultades de Derecho cuando los profesores los forman para que conozcan bien nuestro Estado y, después, ven en la calle cómo se trata de acabar con la independencia del Poder Judicial o se regalan privilegios al huido Puigdemont, o se practica el 'lawfare' (guerra sucia judicial) pretendiendo que los jueces sean investigados en comisiones parlamentarias.

Señores exjueces y ministros Grande-Marlaska, Margarita Robles y Juan Crlos Campo: por favor, salgan de sus interesados silencios y empiecen a hacer presión para que se llegue a ese pacto de estado que nos lleve a la clara independencia del poder judicial.