Descarrila el Estado

Evidentemente, el objetivo de cualquier Constitución es dotar al Estado de un instrumento de control político que obliga a los gobiernos que se alternan en democracia a limitar su tendencia a la arbitrariedad y a los intereses partidistas mediante el sometimiento a esa ley fundamental; a la que deberán adecuar sus voluntades y sus actos, tanto gobernantes como gobernados, acatando unas reglas de juego comunes.

Ahora bien, si echamos un ojo al texto de la Constitución de 1978, en concreto al 'Título VIII. De la organización territorial del Estado' y en particular el 'Capítulo III: De las Comunidades Autónomas', podemos observar que el espíritu que rezuma la letra consiste en que el sistema autonómico se concibió en la Transición para dar lugar a un Estado democrático descentralizado y como instrumento de vertebración territorial y cohesión social, al objeto de integrar en un mismo proyecto común las diferentes identidades territoriales. Esa es la teoría. Veamos los hechos. En primer lugar, la confusión es de aúpa en la aplicación de las competencias de dirección de las catástrofes entre la Administraciones estatal y autonómica (lo ilustraré después con el caso de los incendios).

La Constitución es harto imprecisa al no fijar claramente las competencias del Estado y permitir que este pueda transferir a las comunidades autónomas facultades relativas a materias de titularidad estatal. Aprovechando este vacío las autonomías se han ido dotando de instituciones equivalentes a las de un Estado: Parlamento, Consejo de Gobierno, Tribunal Superior de Justicia, etcétera.

En segundo lugar, abunda la sensación de una terrible desigualdad en la prestación de los servicios públicos, dependiendo del territorio en el que nos encontremos. Es como si hubiese 17 sistemas educativos y de salud distintos.

En tercer lugar, la Constitución no define con claridad el sistema de financiación de cada comunidad autónoma, lo que a lo largo de estos 47 años de vigencia ha producido insatisfacción en la mayoría de las comunidades autónomas , salvo, claro está, en aquellas que se encuentran mejor financiadas porque poseen derechos forales, cupos o determinados privilegios que se han ido cediendo a los partidos nacionalistas, cuando el ejecutivo central necesita sus votos para aprobar presupuestos o leyes orgánicas.

El resultado de este desatino en la propia Constitución y en lo referente a cómo se han aplicado sus normas, ha sido aprovechado por políticos de toda laya para potenciar el sistema autonómico en detrimento de las competencias que por su complejidad y para que exista igualdad y libertad entre los ciudadanos deberían recaer en el Estado.

Políticos de un lado y otro defendieron el sistema autonómico y consideraron herejes a quien osase hacer cualquier tipo de crítica, tachando de reaccionarios a quienes lo pusiesen en duda. El sistema autonómico se fue extendiendo, sobrepasando a veces los límites, pues se han redactado Estatutos que parecen Constituciones. Como consecuencia se han ido fraguando pequeños estados, de hecho algunos partidos hablan de una España plurinacional.

Pero volvamos al falsacionismo de Popper. Apliquémoslo a la cesión que han hecho de dos competencias (no tengo espacio para ser más exhaustivo) que conducen al descarrilamiento del Estado, lo que nos permitirá falsar la Constitución. ¿Cómo falsarla? Comprobando que los hechos que de la misma se infieren no son los previstos en su letra.

El esquema falsacionista, aplicando la regla lógica del denominado 'modus tollens' es como sigue: Si la Constitución fuera válida entonces pasarían tales cosas. No pasan tales cosas. Por lo tanto, la Constitución no es válida. Ilustremos lo anterior con los incendios que han arrasado alrededor de unas 330.000 hectáreas. Los hechos indican que ante grandes siniestros el mando tiene que estar unificado, no transferir las competencias de la dirección de catástrofes a las autonomías, porque la respuesta eficaz tiene que provenir del Estado, que es quien tiene que asumir la responsabilidad, amarrar el timón y fijar el rumbo para coordinar de manera más efectiva. Lo que hemos visto es la repetición de una gresca sin sentido entre el PSOE y el PP, echándose la culpa de la gestión en sus respectivas comunidades autónomas, en vez de aunar esfuerzos ante catástrofes que no se deben politizar jamás. En segundo lugar, urge que el sistema sanitario vuelva a ser estatal y no sea gestionado por las comunidades autónomas. Para el paciente es un engorro el sistema de salud autonómico.

Los diecisiete sistemas de salud tienen su propio programa informático de gestión, lo que hace que si un especialista le ha recetado, por ejemplo, un complemento vitamínico en León, si viene a Asturias no lo podrá recoger en las farmacias del Principado (le ocurrió a mi padre). O las ayudas a la dependencia, que si están concedidas en una autonomía se deben de solicitar otra vez al cambiar la residencia de la persona a otra comunidad autónoma, con el retraso consiguiente en la concesión de la ayuda. No enumero más absurdos, como los sufridos con la cesión de las competencias en Educación.

En definitiva, o recuperamos para el Estado aquellas competencias claves que fue un gravísimo error transferir a las comunidades autónomas, o este descarrilará, arrastrándonos a un fracaso colectivo y regresaremos a la jungla primigenia de la que provenimos. La aplicación perversa de la Constitución está produciendo resultados diametralmente opuestos a los que supuestamente se suponía. Si esto sigue así acabaremos churruscados, al igual que nuestros bosques y la fauna que los habitan.