Sobre el respeto institucional

Y comienzo por afirmar que el respeto, incluso la palabra, parece algo desfasado, propio de relaciones donde el autoritarismo político, familiar o social exigían una subordinación acrítica, distante y servil. Lo ordenado desde arriba se cumple y hasta las formalidades son preceptivas. De ahí surgieron los tratamientos, no sólo honoríficos, de las autoridades o del ámbito académico.

Pero esa percepción, simplista, es un error como todo lo que pretende ser reduccionista o rupturista, sin más. Respetar a próximos y lejanos es una regla esencial de la convivencia. Hay respetos de pareja, familia, estudios, trabajo y hasta en comparecencias o gestiones con las oficinas públicas y privadas, que son esenciales para preservarnos del caos, la vulgaridad y la permanente afrenta.

Pero, por desgracia, amén de conductas delictivas en el ámbito privado –los crímenes machistas parten de una absoluta falta de respeto a la igualdad, libertad y dignidad de las mujeres– vemos a diario descalificaciones e insultos a gobernantes, parlamentarios y jueces que poco tienen que ver con la libertad de pensamiento y de expresión. Las vísceras ni piensan, ni dialogan, ni saben de otra cosa que cumplir con su función fisiológica.

Nuestra Constitución cita hasta nueve veces la palabra 'respeto'. Pero apenas en el sentido de exigir ese comportamiento de mesura a los representantes de Poderes del Estado para denigrar a personas o grupos homólogos, para poner en solfa la división de poderes o para imponer tal respeto institucional a la ciudadanía. Yo creo que, en 1978, recuperadas las libertades, ni se pensaba en que tales situaciones pudieran darse y menos tenerse por normales.

Apenas el artículo 10.1 de la Ley Fundamental recuerda que el respeto a la ley y a los derechos de los demás son uno de los fundamentos del orden político y de la paz social. Y el 20, en las libertades comunicativas, se pone el límite en el respeto a los derechos fundamentales y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Todo eso está muy bien, pero se echa en falta, en el debate político, reconocer el derecho a la divergencia y la obligación de unas formalidades que excluyan el exabrupto o hasta la amenaza velada que, ciertamente, hacen añicos la paz social que sí contempla la Constitución.

Lo peor de esta barra libre de insultos es que, los votantes o afines a los partidos donde se prodigan esos modales, por seguidismo o deformada lealtad a unas siglas, los repiten y aumentan en el chigre o en las redes sociales. Y los votados por el pueblo no llevan en la mochila el tener que penar con calumnias o adjetivos desmedidos y hasta soeces. La crítica puede ser total, siempre que esté fundada y no sea gratuita o provocada por el liderazgo de tertulianos desmadrados que son la voz de sus amos partidistas o radiotelevisivos.

¿Cómo, luego, nos vamos a sorprender, en mi caso con desagrado, que cualquiera se atreva a cuestionar, sin conocimiento técnico alguno, una decisión judicial? Estamos estas semanas leyendo o escuchando multitud de juicios paralelos en múltiples procesos –alguno en Asturias– sin esperar a que la Justicia se pronuncie. Y entiendo que, ahora que todo es público, lo cual es elogiable, se puedan censurar palabras, gestos o actitudes de los magistrados. Pero prejuzgar lo que los tribunales no han juzgado aún y con palabras gruesas, dice muy poco de quien pronuncia esos dicterios. Una instrucción procesal es algo muy serio donde no sólo interviene una persona togada. ¿Que los jueces no son infalibles y yerran? Pues sí, pero, primero, para eso están los recursos y, segundo, leamos las sentencias antes de criticar o denunciar. Y, a poder ser, sabiendo algo de Derecho, igual que ocurre con los diagnósticos y tratamientos médicos.

El respeto y el comedimiento verbal no castran la libertad de expresión, ni la crítica, ni el derecho a exigir responsabilidades. Al revés, los fortalecen en la mayoría de las ocasiones por más que la justicia sea lenta, desesperante y en ocasiones incomprensible. Pero ni una resolución, ni un juez inicuo permiten descalificar o intentar asaltar la independencia del tercer Poder.