Títulos, falsedades y política

Falsificar títulos –médicos, abogados, arquitectos…–, es algo muy viejo que, desgraciadamente, no se ha desterrado de nuestra sociedad y no sólo en España. Pero hay un matiz dentro de lo fraudulento: para pasar una consulta clínica o defender a un justiciable hay que hacer valer la condición médica o abogacil. Pero para ser ministro, consejero o alcaldesa no es necesario. Como tampoco para numerosos cargos de designación digital. Entonces, ¿por qué ese riesgo fraudulento por aparentar lo que no se es?

La actual legislación estatal sí exige titulación superior y condición funcionarial –subgrupo A1– para determinados altos cargos de los ministerios, caso de subsecretarios, directores generales y secretarios generales técnicos. Algunas Comunidades autónomas prevén supuestos similares y todas las Administraciones y órganos constitucionales y estatutarios convocan puestos directivos con determinados perfiles que incluyen licenciaturas o similares.

Pero no deja de ser pueril, por lo antes expresado, que quien no requiera para el puesto de esos niveles académicos, los aduzca en la Web de un municipio o cámara legislativa. Cuando, además, se falsifica un título o diploma oficial, el salto cualitativo alcanza el terreno de lo criminal. De la misma manera que, cuando ese falso documento ha servido para excluir a otros optantes al puesto, que no han mentido.

Como docente del Derecho, he contado varias veces en el Máster de la Abogacía, el supuesto real de una funcionaria, en Galicia, que ganó plaza sin la titulación exigida. Cuando la Administración advirtió la trampa, quiso revisar el acto nulo, pero tanto el órgano consultivo como el Tribunal Superior de Justicia, se acogieron a un pérfido precepto que impide, sin precisar, revocar actos nulos al ser contrarios a la equidad «por el tiempo transcurrido». Y ahí sigue. No sé si luego obtuvo la titulación, pero, obviamente, eso no vale.

Yo conocí en mi vida, al menos tres supuestos de falsedad. Uno, de una persona amiga que decía haber acabado la carrera y, con otros fines, «asesoraba» a una señora en un complejo litigio de divorcio. Tardé en enterarme tanto como la pobre incauta. También, en el ámbito universitario, sé de quien llegó a la cátedra, sin contar con todos los requisitos, aprovechándose de un error en la tramitación del concurso y ganando la plaza en un tribunal de justicia y no en el de oposiciones. Tal cual. En fin, en mi breve periplo como político, sospeché -y creo que no erraba- que un concejal pregonaba una Licenciatura no terminada y quizá apenas iniciada. Porque esa es otra: el eufemismo de «cursó estudios» para decir que no se han culminado. Entre los famosos, especialmente los ligues de la realeza, abundan, en ese BOE que es la prensa rosa, muchos individuos que «cursaron» estudios. Ahora, cuando se pilla a un político con el carrito del helado, siempre dice que fue un error y que se limitó a empezar lo que muchos creyeron que había culminado.

Hemos tenido en Asturias -y en España- políticos y sindicalistas o literatos y artistas plásticos, que no han necesitado más título que el trabajo y la honestidad para ser respetados y admirados. Pero ahora, ¿qué se puede esperar de esta permisiva sociedad, donde se anuncia a bombo y platillo en las redes que, determinadas organizaciones, realizan los trabajos fin de carrera o de máster en pocos días?. ¿Hay por ahí algún juez o fiscal investigando? Quiero pensar que sí, pero la publicidad no cesa.