Otra política forestal

En tres semanas han quedado calcinadas más de 6.000 hectáreas en nuestra región, provocando un gran daño medioambiental al arrasar la flora y la fauna; los suelos están contaminados y se emitieron cantidades elevadas de gases de efecto invernadero que contribuyen a acelerar el cambio climático; los ganaderos se quedaron sin alimento para los animales; la riqueza de nuestro territorio -bosques, ríos, montes- ha quedado muy afectada, sobre todo en el suroccidente de la región, donde se concentra el 63,8% del territorio catalogado como Reserva de la Biosfera en Asturias.

Al desastre de enormes dimensiones colaboraron desalmados que prenden fuego en el monte con el objetivo de quemar lo que es de todos, sin reparar en que los incendios provocan víctimas mortales. El incendio de Ibias, iniciado el pasado martes, que obligó a los medios implicados en la extinción de las llamas a realizar esfuerzos denodados para salvar personas y bienes, fue provocado intencionadamente, como dio a conocer la delegada del Gobierno, Adriana Lastra. Lo mismo sucedió en Llanes, aunque afortunadamente un guardia civil fuera de servicio lo apagó cuando se iniciaba. Todo el peso de la ley debe caer sobre los autores.

El Consejo de Ministros aprobó la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil para 114 áreas devastadas por el fuego, cuatro de ellas asturianas (Cangas del Narcea, Somiedo, Degaña-Ibias, Cangas del Narcea-Somiedo). El Principado va a destinar esos recursos extraordinarios a la reforestación de los terrenos calcinados, la construcción de cortafuegos y la mejora de los accesos. Desde la Consejería de Gestión de Emergencias mantienen la idea de solicitar la declaración de Zona Afectada para la veintena de espacios afectados por incendios, que están enclavados en Cabrales, Onís, Ponga, Caso, Quirós y Villayón. El Principado, por su parte, creó un fondo de 800.000 euros para que los ganaderos puedan sufragar los gastos de la compra del forraje, imprescindible para alimentar a los animales que se quedaron sin pasto. La Consejería de Medio Rural tiene que repartir el fondo con mayor diligencia que en anteriores ocasiones. El próximo mes debería llegarles la financiación a los ganaderos.

La doble cadena de incendios, abril 2023 y agosto 2025, debe llevarnos a la conclusión de que hay que cambiar la política forestal, poniendo el acento en la prevención y contando, como agente principal, con los habitantes del medio rural. Es urgente reducir la carga vegetal de los bosques que hace tan difícil desactivar los incendios, retomando la tarea de desbrozar y dando permiso para que se hagan quemas controladas. Se debe cuestionar una política proteccionista que impide al medio rural defenderse de los incendios. Las infraestructuras, como los puntos de agua, tienen que extenderse por todo el territorio, siendo imprescindibles en pueblos rodeados de masas boscosas. Es preciso cambiar de mentalidad y entender que los grandes incendios han venido para quedarse y la obligación de los poderes públicos es destinar más recursos y elaborar nuevas estrategias para proteger a los ciudadanos, así como a los bienes públicos y privados.