La necesaria inmigración legal

Es por ello que, en Madrid, el saldo migratorio interno ha dado un giro significativo. Desde 2015, ha pasado de ganar 13.000 residentes al año del resto de España a perder 21.000 en 2023. Sin embargo, los flujos internacionales mencionados han compensado con creces esta pérdida y permiten que el saldo migratorio total sea positivo y llegue a las 83.000 personas. Esto no se debe a una pérdida de atractivo laboral de la capital, sino al precio de la vivienda, el crecimiento del teletrabajo y la mejora en la movilidad entre provincias. Lugares como Toledo, Valencia, Guadalajara y Baleares han pasado de perder población frente a Madrid en 2015 a ganarla en 2023, una tendencia que se ha consolidado tras la pandemia.

El auge del teletrabajo y el abaratamiento de conexiones ferroviarias han fomentado esta deslocalización. Este flujo recurrente de trabajadores que marchan a otras provincias supone ya un factor económico relevante en otras comunidades autónomas. Por ejemplo, Toledo y Guadalajara, donde el 24% y el 32% de los ocupados residentes en 2023 tenían su puesto de trabajo en Madrid, y uno de cada tres nuevos empleados en estas provincias en 2022 está vinculado a la capital. Con una oferta de vivienda en la capital que palidece ante el crecimiento poblacional, los trabajadores que disponen de fórmulas híbridas de teletrabajo protagonizan un éxodo para, sin perder las ventajas de las economías de aglomeración que otorgan las grandes urbes, reducir los costes asociados a la gran ciudad.

Esto es cada vez más necesario cuando trabajar no garantiza salir de la pobreza: hay quienes tienen que encadenar trabajos para poder llegar a fin de mes. Es obvio que las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) han sido la principal herramienta del Gobierno para hacer frente a la pobreza laboral. Con todo, es necesario destacar que España tiene todavía unos niveles de pobreza laboral alarmantes y la inmigración no es ajena a este fenómeno. Un reciente estudio de la Fundación Iseak y Oxfam Intermón pone en evidencia que casi un 14% de las personas que tienen un empleo en España no consiguen salir de la pobreza. También se constata que un 29% de las personas en situación de pobreza trabajan al menos siete meses a lo largo del año, pero no obtienen los ingresos suficientes como para dejar de ser pobres. Los resultados del estudio revelan también que el tipo de hogar es un factor fundamental para entender el fenómeno de la pobreza laboral, estando ésta especialmente presente en los hogares con menores. De hecho, investigaciones previas muestran que pobreza infantil y pobreza laboral son prácticamente dos caras de la misma moneda. Esto, en un país desarrollado como España, no es admisible.

Lo anterior indica que, en el futuro próximo, la vivienda será el gran cuello de botella para poder combatir la pobreza, el envejecimiento poblacional y continuar mejorando el mercado de trabajo. No puedo ser optimista al respecto ya que la compra y el alquiler parecen casi una misión imposible en 2025. La crisis de acceso a la vivienda se agudizará este año, que seguirá marcado por lo que estamos notando en estos dos primeros meses: nuevas subidas de precios, una fuerte demanda y una oferta insuficiente. Es un problema multifactorial y desde todos los niveles de gobierno es preciso abordarlo para poder garantizar que podemos asumir la mano de obra de inmigración que necesitamos y para dar un futuro digno a nuestros jóvenes y que no encuentren que algo tan básico como es poder alquilar o comprar una vivienda se presente como un reto imposible en esta piel de toro.