Los ancianos desahuciados en Oviedo «empiezan a ver la luz al final del túnel»

El matrimonio de septuagenarios que pasó dos noches en el Campo de San Francisco de Oviedo entre el 18 y el 20 de septiembre ha reunido ya toda la documentación necesaria para la tramitación de la pensión de jubilación del marido, de 74 años, a la que no había tenido acceso desde que cesó su actividad laboral hace casi dos años. Así lo ha señalado, en declaraciones a EL COMERCIO, Pilar Galán, presidenta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Oviedo. Además, según fuentes municipales, el matrimonio ya ha acudido a los Servicios Sociales de la calle Campomanes para buscar una solución a su caso. «En estos momentos están mucho más animados y optimistas, están viendo la luz al final del tunel».

Durante la mañana de este miércoles, los ancianos han estado realizando, como explicó Galán, «los trámites pertinentes en distintas administraciones», en la Tesorería General de la Seguridad Social de Asturias, y en los Servicios Sociales de la calle Campomanes. Con esto podrían comenzar a remediar su «precaria» situación «cuanto antes».

Todo comenzó hace un año y medio, momento en el que el establecimiento que regentaba la pareja quebró. Para ese entonces ya existía una deuda con la Seguridad Social, fruto del impago de la cuota de autónomos. Una deuda que ha ido creciendo a lo largo de los meses porque el hombre no se había dado de baja como trabajador por cuenta propia hasta la actualidad.

Galán afirmó que «lo prioritario ahora es que el hombre, aquejado por una cardiopatía, reciba la paga que le corresponde para que pueda buscar una alternativa habitacional digna». Hasta la fecha, los únicos ingresos de la familia consistían en la pensión no contributiva de la mujer, de 375 euros, cuantía con la que «es imposible afrontar un alquiler de quinientos euros». De esa manera, la deuda contraída con la propietaria de la vivienda asciende a un total de 9.750 euros, veinte mensualidades. A esta suma hay que sumarle los miles de euros que habrán de ser devueltos a la Seguridad Social, de manera fraccionada pactada entre las partes, vía la paga del jubilado.

«La situación se ha torcido muchísimo para esta familia», relató Juan Luis Amarán, coordinador del grupo municipal Somos Oviedo. «Nosotros tuvimos conocimiento de la historia el día seis de septiembre y se lo remitimos inmediatamente a la PAH, que atendió a los ancianos en su asamblea del día once en el Centro de Estudios Santullano. En un principio, este caso nunca tendría que haberse dado, porque una semana antes del desahucio, la pareja había llegado a un acuerdo verbal con la propietaria, que consistía en que un familiar se haría cargo desde del pago del alquiler hasta que la mujer, de 72 años, cobrase una herencia con la que saldaría todas sus deudas», contó.

Fue entonces cuando «todo se torció», pues la abogada de la parte demandante no tuvo en cuenta el acuerdo y presentó igualmente la demanda. «El 17 de septiembre avisaron a la familia de que sería desahuciada un día después. Ya era tarde», lamentó.

La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oviedo, afirmó esta tarde en rueda de prensa que «si Somos Oviedo hubiese trasladado este caso en tiempo, nosotros nos hubiésemos puesto manos a la obra de inmediato», algo que tachó de «falta de responsabilidad». Además, llamó a toda la ciudadanía a que «acuda a Servicios Sociales siempre que tenga en conocimiento un caso parecido o lo necesite».

Fuentes de Somos afirmaron ayer que «no vamos a utilizar a unas personas en situación de vulnerabilidad y desahuciadas como arma arrojadiza a nuestros compañeros de Gobierno». Comentaron que «la concejala de Vivienda y Bienestar Social conoce perfectamente nuestro trabajo en este ámbito y nuestro protocolo de actuación, que es dirigir en primera instancia a las personas afectadas a Servicios Sociales y a la PAH, que es lo que hemos hecho en este caso».

Desde la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, señaló este miércoles que el Ejecutivo asturiano apuesta por ajustar procedimientos para detectar y abordar situaciones de riesgo de desamparo como la vivida por el matrimonio de ancianos. El portavoz del Gobierno explicó la dificultad de prevenir y poner en marcha los mecanismos de protección existentes cuando se desconocen situaciones particulares.