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Se enfrenta a cuatro años de prisión por cobrar la pensión de jubilación de un fallecido durante 20 años

El Ministerio Fiscal sostiene que desde 1995, la víctima tenía abierta una cuenta bancaria para cobrar 570,40 euros al mes

EUROPA PRESS

Jueves, 1 de enero 1970

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La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de cuatro años de prisión para un acusado de cobrar durante más de 20 años la pensión de jubilación de un fallecido, en Oviedo. La vista oral está señalada para este jueves, 25 de octubre, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a las 10.00 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que desde 1995, la víctima tenía abierta una cuenta bancaria para cobrar su pensión de jubilación, que ascendía en aquellas fechas a 570,40 euros al mes. En esa cuenta aparecía también como titular otra persona y, como autorizado, el acusado. La víctima murió el 9 de diciembre de 1995 y la otra persona a la que también pertenecía la cuenta falleció el 1 de abril de 2012.

El acusado ocultó deliberadamente el fallecimiento de ambos tanto al INSS como al Banco, lo que motivó que hasta el 31 de marzo de 2017 se siguiera ingresando mensualmente en la cuenta su pensión de jubilación. Desde diciembre de 1995 hasta el 31 de marzo de* 2017, el acusado, aprovechando que aparecía como autorizado en la cuenta bancaria, acudía periódicamente al banco (a veces mensualmente y en otras ocasiones dejaba pasar unos meses)*a cobrar por ventanilla el saldo proveniente de la pensión que la TGSS ingresaba en esa cuenta, quedándose el dinero para sí.

El Banco reclama 33.083,10 euros, que se corresponden con las últimas 55 pensiones domiciliadas en la cuenta (de mayo de 2013 a marzo de 2017), que le fueron reclamadas por el INSS. El INSS reclama 103.185,43 euros, que se corresponde con las pensiones indebidamente abonadas desde enero de 1997 hasta abril de 2013.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la Seguridad Social del Código Penal. Y solicita que se condene al acusado a cuatro años de prisión, multa de 150.000 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 100 euros o fracción impagada y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social durante 5 años.

Por vía de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que el acusado indemnice al Banco con 33.083,10 euros y al INSS con 103.185,43 euros.

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