Las escuchas telefónicas, clave en la operación que investiga al excomisario

José Manuel López dejó de utilizar su teléfono móvil nada más salir del interrogatorio al que le sometieron los agentes de la UDEF el pasado martes en la comisaría de la Policía Nacional de Oviedo. La primera llamada que realizó la hizo desde el móvil de uno de sus abogados y fue a un concejal del Ayuntamiento. El celular fue requerido por los agentes de Unidad de Delitos Económicos y Financieros para hacer un volcado de sus comunicaciones y mensajes.

Las intervenciones telefónicas de la 'operación Enredadera', según fuentes de la investigación, resultaron fundamentales desde los comienzos de las diligencias cuando, la Fiscalía Anticorrupción dio traslado solicitando que se pincharan los móviles de los cabecillas de la trama investigada, entre los que supuestamente se encuentra el empresario castellanoleonés José Luis Ulibarri.

Según ha trascendido, de las grabaciones y los registros practicados la UDEF buscó, por órdenes del juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, aquella documentación que que vinculara Aplicaciones Gespol y otras once empresas más ante la sospecha de que accedían a las licitaciones públicas de manera fraudulenta. La operación se llevó a cabo en diez comunidades autónomas, se practicaron registros en 25 ayuntamientos y se saldó, hasta la fecha, con cuatro ingresos en prisión preventiva además de 6 alcaldes y 8 jefes de policía, entre ellos el de Oviedo, investigados.

Desde 2010, cuando arranca el periodo bajo sospecha, las empresas de la trama crecieron como una 'enredadera'. De manera exponencial. Sacyr, que adquirió Aplicaciones Gespol en 2016, hizo públicas las cuentas de la mercantil investigada. Desde su compra por la constructora, facturó 1,5 millones de euros, con una media aproximada por contrato de 5.000 euros, lo que indicaría que la mayoría de ellos fueron contratos menores cuya formalización es muchos menos estricta.

De hecho, Intervención detectó al fiscalizar las cuentas de 2017 un posible fraccionamiento de contrato en el área. El servicio había firmado tres contratos menores sucesivos para el mantenimiento de la red de comunicaciones de la Policía Local. El comisario respondió que se trataba de tres empresas distintas y que la contratación era completamente necesaria ante los problemas con el contrato de las nuevas emisoras digitales. La adjudicación del mismo fue paralizada cuando una empresa denunció haber sido excluida por un requisito que no figuraba en los pliegos elaborados por el gabinete Técnico de la Policía Local, que dirige el otro investigado. Finalmente, el Tribunal de Contratos dio vio libre a la adjudicación a Aerco. Curiosamente al concurso se presentó Gespol con otra de las empresas investigadas. Fue excluida.