El juzgado archiva la causa contra Agustín Iglesias Caunedo por tráfico de influencias

Una decisión que llega tras un informe de la Fiscalía, continúan las mismas fuentes, en el que no queda acreditada la comisión de ningún delito en la actuación de Iglesias Caunedo. Es decir, nada de lo que se le acusaba, que era haber tomado decisiones políticas que pudieran haber beneficiado a la empresa Aquagest.

Con todo, está previsto que el próximo martes Iglesias Caunedo vea concluir nueve años de visitas a los juzgados. Durante todo ese tiempo se declaró inocente y negó cualquier tipo de actuación delictiva. En su contra pesaban unos archivos digitales encontrados en el ordenador de Joaquín Fernández, exvicesecretario de Comunicación del PP de Asturias, trabajador de Aquagest y principal imputado en la trama en aquel momento. En ellos, bajo el epígrafe de «Putas y varios» y «Putiferios», se guardaban facturas de pagos y fotografías de diferentes viajes a Estados Unidos y Croacia junto con Caunedo y Pecharromán. Fue un escándalo.

La instrucción del caso corrió a cargo de una jueza de Lugo, Pilar de Lara, que en uno de los tomos de su actuación acusó al exalcalde y todavía presidente del PP de Oviedo de tráfico de influencias en el caso de las mordidas que se recibían de la empresa de aguas Aquagest. De Lara imputó también a Manuel Pecharromán y a Joaquín Fernández, el supuesto conseguidor de la trama, ambos militantes del PP, entre otros. A priori, tanto Pecharromán como Fernández se encontrarían esperando el archivo de sus respectivas causas.

A principios de año, Pilar de Lara fue expedientada y suspendida por el Poder Judicial, y terminó siendo trasladada a Ponferrada. A raíz de esta situación la instrucción volvió desde Galicia a los juzgados ovetenses, que ahora han decidido el archivo del caso al no encontrar la Fiscalía pruebas de delito.

Iglesias Caunedo lleva nueve años manteniendo su versión; negando tajantemente su participación en trama de tráfico de influencias alguna y que hubiese tomado cualquier tipo de decisión política durante su mandato como alcalde de Oviedo en beneficio de Aquagest o alguna de las compañías de su grupo. Aseguró entonces que se pagó de su propio bolsillo –concretamente, con un dinero que recibió de unas tías suyas– los viajes que realizó en compañía de Manuel Pecharromán y Joaquín Fernández. Lo que se investigaba era si la compañía habría abonado cerca de 33.000 euros por ellos a cambio de posteriores tratos de favor.

El exalcalde, que llegó a tildar la operación de «juicio público» con «fines electorales», mantuvo que sus «dos únicas decisiones» relacionadas con este grupo empresarial fueron rescindir el contrato de la compañía que trabajaba para el Ayuntamiento en 2007, después de que perdiera el concurso para una nueva adjudicación y, posteriormente, devolverle una fianza.