El Tribunal de Cuentas retoma las actuaciones previas por Villa Magdalena

El escrito lo presentó el anterior equipo de gobierno y no sin sufrimiento. Los intentos del socialista Wenceslao López para que los funcionarios municipales señalasen alguna responsabilidad, fracasaron. No logró que nadie en el Ayuntamiento fiscalizase el procedimiento que llevó de un justiprecio de 11,8 millones a una retasación que ha costado a las arcas públicas más de 63 millones. Solicitó ese trabajo a la Fundación Universidad de Oviedo, que concluyó que existían posibles responsabilidades patrimoniales de los anteriores gobiernos locales por no pagar el justiprecio, pese a aprobarlo. Con ese dictamen, el tripartito ordenó abrir un expediente de responsabilidad patrimonial porque se causó un daño económico al Ayuntamiento de casi 53 millones de euros. La instructora, Mercedes Díaz Amodia, concluyó que no había responsabilidad contable, porque se pagó lo que mandaron los tribunales y dejó la pregunta sin responder. Disconforme, el entonces alcalde encargó un segundo dictamen a la Fundación Universidad Oviedo (FUO) en el que se trataba de acotar el objeto del expediente hacia el perjuicio económico causado por no pagar el justiprecio tras haberlo aprobado. La respuesta fue la misma. No responder a la pregunta.

Sin otra salida, PSOE, Somos e IU llevaron el expediente a la fiscalía del Tribunal de Cuentas, que, pese a que el asunto ya se había archivado en 2012, decidió adherirse a la tesis municipal de que no fue hasta la sentencia del Supremo de 2017 cuando se pudo cuantificar el daño realmente causado a las arcas del Ayuntamiento por la decisión de los gobiernos de Gabino de Lorenzo de no consignar ni pagar la expropiación del palacete.

A petición de la sala de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento remitió el año pasado una serie de trece informes de los servicios de Secretaría, Intervención, Interior, Abogacía y Estadística en los que se señalaba que De Lorenzo, Cuervas-Mons, Reinares y Caunedo eran quienes tenían la potestad de ordenar pagos. Un salto cualitativo. Era la primera vez que los servicios municipales señalan algún tipo de posible responsabilidad, aunque sea de forma tan vaga como esa.