Las Unidades Trabajo Social tendrán que informar de cualquier riesgo de desahucio

La situación vivida en Servicios Sociales el septiembre pasado, a raíz de un caso de desahucio puso a los profesionales de las Unidades de Trabajo Social (UTS) entre la espada y la pared. Para evitar falta de comunicación entre estas y la concejalía que dirige Marisa Ponga, la edil ha dictado una orden para recibir la información «de cualquier demanda relacionada con desahacios por impagos de alquiler o hipoteca» y con el fin último de «poder afrontar con la debida atención las posibles interferencias que pretenden distorsionar la intervención realizada desde las UTS».

Es una orden con doble objetivo. El obvio, el tener constancia del trabajo de su personal y de las situaciones de desahucio que puedan darse en el concejo y el del control de la información para evitar que casos recientes de descoordinación dentro del Ayuntamiento vuelvan a producirse.

Para blindar a los técnicos, Ponga les insta registrar en el Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales del ministerio de Sanidad «las intervenciones realizadas en relación con estos casos, como salvaguardia profesional». Aduce, como razones, «la exposición a la presión» que sufren los funcionarios por parte de personas que «en su desesperación, puedan focalizar su frustración en los profesionales con los que trata».

Adjunto a la orden, la concejal trasladó a los funcionarios el convenio firmado por el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno del Principado de Asturias y la Federación Asturiana de Concejos que el pasado marzo estableció un protocolo para la prevención de situaciones de exclusión residencial extrema y que, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, falló en el caso de un matrimonio de ancianos desalojado de su vivienda en Oviedo.

Para evitar que situaciones de extrema necesidad como la de los dos ancianos que durmieron en la calle durante varias jornadas, empañe la labor de las UTS, Ponga les insta, asimismo, a que se documente «con firma de las personas afectadas, la información que se facilite de los recursos aplicables para cada uno de estos casos». Se haría mediante un documento formal que constaría de dos partes. La primera, enunciativa de la realidad habitacional y acerca del desahucio y, «en un segundo caso con las indicaciones específicas para los usuarios» en las que se recogerán las actuaciones de los técnicos municipales y en la que deberá constar la aceptación o no de los recursos ofertados según la necesidad individual o familiar.

Subyace en esta orden el malestar del servicio con la publicidad que se dio desde la PAH al caso de los dos ancianos desahuciados y al cruce de declaraciones entre Ponga y concejales de Somos. Los segundos, achacaron falta de cintura para atajar la situación mientras que la edil socialista acusó a la fuerza de unidad popular de no haber trasladado a tiempo la información.

El pasado 18 de septiembre, un matrimonio de ancianos, de 72 y 74 años, salía, a primera hora de la mañana, de la que había sido su casa al menos durante siete años. Cargaron lo que buenamente pudieron llevarse en las manos y dejaron las llaves puestas, no querían alertar a los vecinos. Desde allí decidieron acudir a un lugar conocido y cercano en el que pudiesen mantenerse en el anonimato: el Campo de San Francisco.

Según defendieron desde la concejalía, Servicios Sociales, cuando conoció el caso, puso a funcionar la maquinaria pero los ancianos rechazaron por dos veces la intervención municipal hasta que, finalmente, pudieron encontrar una alternativa de vivienda y dar de alta como jubilado al marido para que comenzara a cobrar la pensión que le corresponde.

Según el informe 'Efecto de la Crisis en los órganos judiciales' que emite el Consejo General del Poder Judicial, en 2018 ha habido un suave repunte de los desalojos de viviendas en Asturias. En los primeros seis meses se produjeron 601, mientras que en 2017 fueron 587. De esos 601, 435 son de arrendamientos, un 9% más que en el mismo periodo del año anterior. Por otro lado, 140 se corresponden con ejecuciones hipotecarias que no solo afectan a viviendas sino que son datos que incluyen también solares o locales comerciales. El año con más desahucios en Asturias fue 2014 cuando se alcanzaron los 1.240.

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