Anticorrupción desvincula el 'pelotazo' de los apartamentos turísticos con el 'caso Hulla'

Sergio Díaz Sariego, vinculado familiarmente con el empresario minero Amado Hevia, habría obtenido a través de ambas operaciones con el Montepío de la Minería un beneficio de 5,8 millones de euros, según documentación relacionada con el valor de los pisos de Roquetas un año antes (el edificio se compró en 6,6 millones para venderlo a la mutua en 10,8 millones, un 63% más caro, generando unos beneficios de 4,2 millones) y los ingresos obtenidos por la venta posterior de los dúplex de los Alcázares (que compró al Montepío en 3,2 millones y los vendió en 4,9 millones, un 49% más caros, con una ganancia de 1,6 millones).

El Montepío de la Minería aportó toda la documentación que obra en su poder con respecto a estas operaciones a la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que existe una relación directa entre el empresario Sergio Díaz Sariego, yerno de Amado Hevia, con José Antonio Postigo, expresidente de la mutua y uno de los principales acusados en el 'caso Hulla' que se centra, principalmente, en las supuestas irregularidades en torno a la subvención, adjudicación y ejecución de las obras de la residencia de Felechosa.

La Fiscalía Anticorrupción entiende que los hechos relacionados con la compra y venta de apartamentos turísticos por parte del Montepío de la Minería en 2003 «no guardan relación» con el objeto de la instrucción que se sigue en el juzgado número 3 de Oviedo, y que suma ya dieciséis investigados, entre los que además de José Antonio Postigo está el ex secretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa. Anticorrupción acordó, no obstante, remitir este expediente a la Fiscalía Superior del Principado de Asturias que, si bien asume que existen indicios de delito, resuelve que los hechos –desarrollados en 2003– están prescritos y, por lo tanto, decreta el archivo de las diligencias. Sin embargo, el fiscal Alejandro Cabaleiro advierte de que su resolución «no impide denunciar los hechos ante el juzgado de guardia y la Fiscalía Anticorrupción». Debe recordarse, en cualquier caso, que estos hechos ya fueron investigados en su día, quedando archivados provisionalmente en 2009, aunque en la actualidad el Montepío de la Minería había presentado a Anticorrupción nuevas pruebas que permitían cuantificar de forma más exacta el volumen del negocio.

El escrito del ministerio público reconoce, de hecho, que las operaciones de compra-venta de apartamentos turísticos «podrían tener encaje en el delito de administración fraudulenta» por cuanto, razona, «las operaciones que se describen, por las sumas pagadas y la utilización de empresas aparentemente instrumentales, ofrecen un sólido indicio de acuerdo previo con tal finalidad». También apunta el fiscal la posibilidad de que se hubieran cometido igualmente delitos de estafa y falsedad por particular, pero mantiene que se encontrarían igualmente prescritos.