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L. CASTRO / A. MORIYÓN
OVIEDO.
Martes, 14 de agosto 2018, 04:20
Exhibir públicamente escudos, insignias u otros elementos de exaltación o enaltecimiento del franquismo, sus dirigentes o las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial será, cuando entre en vigor la ley autonómica de la memoria histórica, sancionable con multas que pueden ir entre los 100 y los 2.000 euros. La ley, impulsada por IU, y que en principio podría entrar en vigor tras el verano con el apoyo del resto de las fuerzas de la izquierda e, incluso, de Ciudadanos, considera infracción leve actuaciones como las registradas en las últimas semanas en varias sedes autonómicas y locales del PSOE, Podemos e IU. Además, en caso de reincidencia, este tipo de infracciones pasarían a ser consideradas graves y la multa podría llegar a los 10.000 euros.
La futura ley autonómica pretende además, en palabras de la diputada de IU, Concha Masa, «dar un paso adelante» en la «localización de las fosas». Y es que buena parte del texto se centra precisamente en facilitar a las víctimas y a sus familiares el esclarecimiento de los hechos de violencia o persecución que padecieron y la localización de las personas desaparecidas durante la guerra y la dictadura. Se prevé, en este sentido, la creación de un censo de víctimas y de un comité técnico para la recuperación e identificación de los desaparecidos.
El objetivo, explica Masa, es «facilitar la gestión y dar cauces para empezar a buscar, pues muchas familias no saben ni siquiera qué hacer en primera instancia». Pero además la ley prevé un «resarcimiento económico» a las personas que se opusieron al golpe militar y lucharon frente al franquismo, así como la elaboración por parte del Principado de planes de reconocimiento a represaliados, presos, desterrados o torturados.
El documento, que ya ha superado varios trámites en la Junta, proyecta la creación de un catálogo de los lugares de memoria democrática, que serán objeto de «preservación especial», así como incluir la memoria democrática en el temario de la ESO y el Bachillerato. La retirada de todos los símbolos y actos de exaltación del franquismo, tanto en lugares públicos como privados, también está recogida en el texto, con sanciones específicas para quienes no lo cumplan.
Le ley cuenta con el apoyo de las fuerzas de la izquierda e incluso con Ciudadanos, quien, no obstante, ya avanza que presentará una serie de enmiendas. Propone, concretamente, crear una oficina de atención a las víctimas. «Así evitamos sobredimensionar los institutos», defiende la diputada Diana Sánchez, quien aboga, además, por «no hacer restricciones sobre quién puede solicitar información, que pueda ser cualquier familiar». Junto a estas, incluirán otras enmiendas relacionadas con la redacción inclusiva, la vinculación de conservar los bienes y lugares de memoria histórica a la legislación del Patrimonio Cultural, así como evitar la inclusión de competencias ajenas al Principado de Asturias. Opina, además, que hay «aspectos que deben concretarse, por ejemplo, cómo se va a cuantificar el resarcimiento económico y cómo se va a obligar a las organizaciones de diferente índole a impulsar medidas de reconocimiento y reparación», detalla Sánchez.
Podemos y PSOE no tienen tan definidas las enmiendas que van a presentar, aunque sí las líneas que seguirán. En el caso de la formación morada, la diputada Rosa Espiño destaca la importancia de incluir la palabra «mujer» en muchas más ocasiones a lo largo del texto. «Toda investigación sobre la memoria histórica debe incorporar los efectos específicos de la violencia en el cuerpo y vida de las mujeres, así como las cargas que les fueron impuestas y el sometimiento sufrido por razones de género», defiende.
Desde el grupo parlamentario socialista evitaron pronunciarse respecto a la ley de IU, aunque sí lo hicieron desde la Federación Socialista Asturiana (FSA). Su secretaria general de memoria histórica, Begoña Menéndez Canal, señala que el texto presentado por IU se queda «corto» en comparación al elaborado por Andrés Perelló y Fernando Montes en el ámbito nacional. «Entendemos que es más avanzado y ambicioso y, por tanto, las enmiendas que presentemos irán en esta línea, para conciliar ambas leyes», explica Martínez. Asimismo, subraya que uno de los pilares fundamentales de cualquier ley de memoria histórica debe ser la dotación económica. «Cuando gobernaba Rajoy la legislación estaba vigente, pero no le daba presupuesto y por tanto no había manera de cumplirla», indica.
Los dos únicos partidos que no apoyarán la propuesta serán Foro y el PP. En el primer caso, consideran que este texto «propugna una división entre buenos y malos, izquierda y derecha». Así lo explica el presidente forista, Pedro Leal, quien añade que «esa ley relata una clase política carente de ideas, ramplona y superficial». «Ni persigue la verdad ni la justicia, solo tiene como fin satisfacer el ego personal de unos pocos que tienen sentimiento revanchista», añade.
Para los populares, la ley de IU pretende «desandar la historia y olvidar nuestra transición, reescribirla siempre de forma sectaria», declara el diputado del PP, Rafael Alonso, a quien le parece llamativo el apoyo que recibió el texto por parte de Ciudadanos. «Sorprende que se sumen en esa deriva de mirar permanentemente las encuestas y tener una posición equidistante», critica.
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