La Audiencia de Madrid confirma que el novio de Ayuso será juzgado por doble fraude fiscal

El tribunal de la Sección Tercera, encargado de supervisar la instrucción del caso, ratificó la propuesta de la anterior magistrada instructora del caso, Inmaculada Iglesias, de juzgar a González Amador, al que las acusaciones reclaman hasta cinco años de prisión. En su resolución, los magistrados no solo rechazaron el recurso del acusado y de su sociedad, Maxwell Cremona, contra el auto de procedimiento abreviado dictado el pasado mayo por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, sino también la estrategia dilatoria que había puesto en marcha su defensa para continuar con la instrucción de la causa.

En suma, el tribunal rechaza las nuevas diligencias que había pedido el equipo jurídico del empresario imputado para tratar de demostrar que sí existieron los trabajos a empresas en el extranjero contra los que se giraron las facturas que la Fiscalía, la Agencia Tributaria y la instructora creen que fueron falsas y que constituyeron la base para el fraude de más de 350.000 euros en el impuesto de sociedades de 2020 y 2021. Según la resolución, las pruebas solicitadas «no resultan estrictamente necesarias ni útiles para esclarecer los hechos objeto de investigación».

Estas resoluciones de la Audiencia Provincial abocan a González Amador al juicio, ya que la siguiente resolución, que debe dictar el actual instructor del caso, es la apertura de la vista oral. Una decisión que ya no es recurrible.

En este proceso por el doble fraude tributario, Fiscalía y Abogacía del Estado reclaman una pena de tres años y nueve meses para el novio de Isabel Díaz Ayuso. El PSOE y Más Madrid, acusaciones populares en este procedimiento, van mucho más allá y solicitan cinco años de prisión. Las dos formaciones acusan a González Amador de delito contable, falsedad en documento mercantil y pertenencia a grupo criminal.

El pasado 29 de mayo, la jueza Inmaculada Iglesias dictó un auto de pase a procedimiento abreviado (el equivalente al procesamiento) contra González por dos fraudes fiscales en los ejercicios 2020 y 2021 y por falsificación de documentos mercantiles para cometer esas irregularidades fiscales. Iglesias puso punto final ese día a más de un año de instrucción proponiendo también juzgar al supuesto testaferro del empresario, el ciudadano mexicano Maximiliano Niederer, y a otras tres personas: David Herrera y los hermanos José Antonio y Agustín Carrillo, acusadas de haber colaborado en la comisión de los delitos.

La instructora cerró así la investigación de la pieza principal de esta causa, en la que se indagaba el supuesto fraude a Hacienda de 350.951 euros. Sigue instruyéndose un segundo procedimiento, en el que González Amador está imputado por delitos de corrupción en los negocios y administración desleal por el pago de un presunto soborno a un directivo del grupo Quirón Prevención.

La jueza dio por buenas las conclusiones de la Agencia Tributaria, ratificadas en marzo por dos inspectoras, de que el encausado se dedicó a endosar gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades que no se correspondían con servicios realmente prestados; de ahí la acusación también de falsedad en documento mercantil.

La jueza no atendió el argumento de la defensa de que todo fueron discrepancias «técnicas» y «fácticas» y consideró probado que con esas maniobras González Amador dejó de ingresar a la Hacienda Pública en 2020 una cuota de 155.00 euros correspondiente a la entidad Maxwell Cremona, que se elevaron a 195.951 euros en el ejercicio siguiente. Una cantidad superior al límite que marca la ley para el delito fiscal.