Lastra, la UCO y la filtración política, los claroscuros del juicio al fiscal general

El futuro procesal del fiscal general del Estado ya está en manos de los siete jueces del Tribunal Supremo que le han juzgado por un delito de revelación de secretos, por el que le reclaman entre tres y seis años de cárcel, doce de inhabilitación y 400.000 euros de multa. En principio, se espera que la sentencia se dicte antes de Navidad, ya que técnicamente no es un asunto complejo. La ponente será Susana Polo, una de las dos magistradas de sensibilidad progresistas. Si en las deliberaciones no estuviera de acuerdo con la mayoría o si su borrador de sentencia no concita los apoyos suficientes (cuatro de los siete togados), lo normal es que el fallo sea escrito por otro compañero.

Para alcanzar esta meta, la sala ha presenciado la práctica de la prueba durantre seis sesiones, por las que pasaron 30 testigos y once peritos de la Guardia Civil. Un juicio que ha dejado tensiones entre instituciones del Estado, el poder político y la prensa. Algunos interrogantes planteados en fase de instrucción han sido aclarados. La pregunta que deben responder los magistrados es cuándo, cómo y dónde se produjo la filtración a la Cadena Ser de la confesión, vía su abogado, de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y si hay pruebas de que su autor fue Álvaro García Ortiz.

La única manera de conocer la autoría es a través de la prueba indirecta, ya que si algo ha quedado acreditado es que no existen evidencias objetivas. Es decir, en caso de una condena el fiscal general los indicios deben ser múltiples, converger en la misma dirección, ser precisos y la inferencia a partir de ellos, razonable. Además, no debe haber explicaciones alternativas que descarten su culpabilidad.

Con todo ello, las acusaciones y la defensa coinciden en señalar –cada parte desde su prisma– que las manifestaciones que realizó la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, contraria a desmentir el «bulo» de Miguel Ángel Rodríguez y poner el foco de la filtración desde la Fiscalía General, será un elemento capital en las deliberaciones.

Otro indicio periférico que ha quedado claro es que García Ortiz borró sus mensajes de móvil dos semanas antes del registro de su despacho y su correo personal, 60 días después. En cambio, no se ha podido responder a si eliminó evidencias incriminatorias del primer dispositivo o lo hizo por seguridad, mientras que sobre el 'email' ha quedado demostrado que la Guardia Civil pasó por alto volcar sus comunicaciones pese a la autorización judicial. Otro interrogante resuelto es que la defensa de González Amador mandó el correo filtrado a un buzón genérico de la Fiscalía de Madrid, al que pudieron acceder 500 profesionales, y de la Abogacía antes de que llegara a manos del fiscal general. Además, cuatro periodistas, testigos de referencia, le han exculpado y otro admitió que fue Rodríguez quien le reveló las negociaciones del novio de su jefa antes de que se produjera la filtración enjuiciada.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo viene afirmando que no pueden confundirse los indicios con las sospechas y la valoración del material probatorio en el juicio al fiscal general ha dejado abundantes elementos de «probabilidad» que, a priori, serían insuficientes para enervar su presunción de inocencia. Este conjunto de incertidumbres siembran dudas razonables sobre la autoría de la filtración de la confesión de González Amador a través de su abogado.

En el presente caso, la atribución personal de la revelación de secretos exige identificar un nexo causal directo y objetivamente verificable: en este caso la filtración de García Ortiz al periodista de la Ser, según las acusaciones. Sin embargo, hasta la UCO en sus informes señala que solo se puede llegar al fiscal general por inferencia, dado su «dominio a todos los niveles» de la situación –la reacción institucional para responder al «bulo» de Miguel Ángel Rodríguez– y que el Ministerio Público es un ente jerarquizado.

Es decir, en el juicio los investigadores extendieron la carga probatoria contra el acusado más allá del dato que suscribió el juez Ángel Hurtado en fase de instrucción: que la revelación del correo electrónico de 2 de febrero de 2024, en el marco de la negociación entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investiga por delito fiscales, se produjo a las 23:51 horas del 13 de marzo siguiente.

Más allá de las dudas razonables que ha supuesto descifrar el origen de la filtración, la motivación de la misma ha copado un espacio importante en el juicio. El fiscal general sostuvo que el «núcleo esencial» de la información relevante había sido desvelado desde «el aparato institucional de la Comunidad de Madrid», que atacó «muy gravemente» el honor de la institución. Por su parte, la acusación encabezada por el abogado del empresario y comisionista concluyó que detrás de la filtración existió un complot de poderes del Estado –desde Hacienda hasta Fiscalía General pasando por la Abogacía del Estado y el Gobierno– para destruir a una rival política, Isabel Díaz Ayuso, a través de su pareja. Un ciudadano que fue sacado del anonimato para recibir una «sentencia condenatoria pública» como «defraudador confeso» y destruir sus derechos de defensa.

Con esa clave partidista, pero desde un foco diametralmente opuesto, también hay que leer el testimonio de la socialista Pilar Sánchez-Acera, quien fuera asesora del jefe de Gabinete de Presidencia del Gobierno. La exalto cargo de Moncloa mandó el correo del abogado de González Amador al entonces secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, para que lo utilizara contra Ayuso, pero recurrió a la amnesia para no identificar a la persona que se lo mandó. «Me lo envió un periodista de local, pero no recuerdo su nombre». Cómo llegó ese correo a Moncloa es una de las grandes incógnitas que la sentencia no podrá despejar.