El Constitucional suspende cautelarmente la norma que deroga la ley de memoria en Aragón

El Ejecutivo central alega que dicha norma podría vulnerar varios artículos de la Constitución al entender que suprime algunos preceptos relativos al estatuto de las víctimas. También argumenta una posible invasión de competencias estatales. El pasado mes de mayo el propio Azcón justificó la eliminación de la norma que suprime la ley ahora recurrida ante el Constitucional al considerar que contenía «un relato ideológico».

Sánchez, por su parte, convirtió la cuestión en un pulso contra las comunidades gobernadas con PP y Vox, al señalar normas similares que están en trámite también en la Comunidad Valenciana o en Castilla y León.

Para la elaboración de su recurso, el Gobierno se acogió al dictamen elaborado semanas antes por tres relatores ante Naciones Unidas en el que se apuntaba que las 'leyes de concordia' de los populares y Vox «podrían vulnerar los derechos humanos» y «no respetan los estándares internacionales». El documento «no expresa una postura oficial del organismo», explicó la organización multilateral en su momento.

Pero el dictamen, más allá de su alcance, fue recibido como un varapalo a los tres gobiernos autonómicos del PP y Vox que exploran una normativa propia en torno a la memoria de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Entre otros puntos, la ley aragonesa fija la retirada de la señalización de los campos de concentración y de los lugares de memoria, la eliminación del sistema educativo de la reparación de las víctimas, la supresión del mapa de fosas o la falta de colaboración para el acceso a la información de las asociaciones memorialistas.