Igualdad ya conocía hace tres años los fallos de cobertura de las pulseras antimaltrato

Estas limitaciones ya dificultaron hace tres años la localización de la mujer en caso de que el agresor investigado y/o condenado vulnerase la orden de alejamiento. El motivo es que el seguimiento de estos dispositivos depende del sistema de geoposicionamiento GPS, que funciona a través de la red de satélites. Y en caso de que falle esta señal se activa un sistema secundario llamado GSM, que consiste en identificar y localizar la estación base –antenas que la operadora de telefonía tiene distribuidas por toda la geografía nacional– donde se registra el dispositivo según su ubicación. En ambos casos su eficacia va de la mano de la capacidad de cobertura de la terminal.

Pese a los avisos entonces de los agentes que supervisan el cumplimiento de las órdenes de alejamiento, la polémica ha saltado ahora. La memoria anual de la Fiscalía, conocida el pasado 5 de septiembre y que incluye datos de 2024, admite en un epígrafe que se había producido una pérdida de los datos transmitidos por las pulseras antimaltrato antes del 20 de marzo del pasado año. Una anomalía que ha tenido repercusión en procedimientos judiciales por quebrantamiento de la orden de alejamiento, «provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios», recoge la memoria.

Según el expediente remitido en enero de 2023 a este periódico por la entonces Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, a través de una consulta en el Portal de la Transparencia, los dispositivos de seguimiento telemático «usan tecnología 3G». Se trata de una abreviación de los sistemas de tercera generación de transmisión de voz y datos a través de teléfono móvil, que ya ha quedado en desuso en favor del 4G, 4G+ o 5G.

En suma, el progresivo apagón del 3G fue reduciendo la capacidad de la red, pudiendo llegar a generar «zonas de sombra» de cobertura. Una circunstancia que explicaría las quejas transmitidas en 2023 por las asociaciones de la Policía y la Guardia Civil consultadas respecto a la asistencia a las víctimas. «La mejora de los medios tecnológicos repercuten en la eficacia del servicio y en el tiempo de respuesta. Luego no vale lamentarse», comentaba en aquel momento un policía que asiste a media docena de avisos semanales en una capital provincial.

Esta información le llega a los agentes a través del Centro de Control Cometa, el órgano encargado de la monitorización, operación, instalación de los dispositivos y control de las alertas y alarmas. Está conectado con las bases de datos policiales y judiciales y permanece operativo las 24 horas los 365 días del año.

En octubre de 2021, la Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género adjudicó a Telefónica el servicio integral de seguimiento de estos medios telemáticos. Por un importe máximo de 36,7 millones y un periodo de ejecución de dos años y cuatro meses (hasta febrero de 2024), la contratista se ocupa del servicio de entrega, instalación, desinstalación y mantenimiento de los aparatos; el servicio de implantación y explotación del sistema, las telecomunicaciones y el uso de la red operativa.

Este último cometido incluye la actividad del centro de control y el registro de los problemas de calidad identificados. Este parámetro se nutre de información técnica, de las quejas de las usuarias y de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de un estudio de satisfacción de las víctimas. Pues bien, en esta pregunta a través del Portal de la Transparencia se informó en enero de 2023 de una partida prevista para modernizar los dispositivos de protección y dotarlos de tecnología «4G o 5G para mejorar su cobertura en territorio nacional y su capacidad de transmisión de datos al centro de control». Además de reducir el tamaño y mejorar la funcionalidad, se reconoció la necesidad de realizar mejoras relativas a la «cobertura de interiores».

Ahora se ha conocido que tras finalizar su contrato en febrero de 2024 se produjeron anomalías en «la migración a los nuevos dispositivos», cuando el contrato pasó de Telefónica a una UTE formada por Vodafone y Securitas Direct. Durante «el cambio de prestatario» se produjeron «problemas de descarga» que impidieron que esté disponible «la información del anterior proveedor y de la información relativa al uso de los dispositivos por parte de investigados y penados o la ubicación de estos». Ello pese a que se constituyó un equipo para esta transición, que Igualdad puntuó con 3,6 puntos sobre 10 por su deficiente planificación, con personal de Telefónica, Vodafone y Securitas.