El inspector que destapó a Villarejo señala a tres diputados del PP por torpedear su ascenso

En su escrito de cinco páginas, el agente reclama a la Mesa del Congreso dos cuestiones: que adopte las medidas necesarias para evitar que se sigan admitiendo preguntas que vulneran su honor y su dignidad personal y profesional, y que adopte aquellos mecanismos existentes para garantizar su intimidad y sus derechos laborales.

Rubén Eladio López, quien también fuera subdirector de la Unidad de Emergencias y Gestión de Crisis del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos, expone que no se encuentra comprendido en ninguna de las causas de exclusión, inhabilitación e impedimento para poder promocionar a inspector jefe. Sin embargo, reprocha que esta campaña de desprestigio iniciada hace meses ha erosionado sus derechos fundamentales y le ha colocado en el disparadero de forma injusta, más aún tratándose de la sede de la soberanía popular.

Para ello, rebate algunas de las cuestiones planteadas por los diputados del PP en sus preguntas al Gobierno. Dice que es «absolutamente falso» que haya participado en reuniones privadas con abogados de investigados por la Justicia en el denominado 'caso Koldo' y que las informaciones publicadas por algunos medios «no son reales» y han tenido que ser corregidas en cumplimiento de su derecho a la rectificación.

Para el inspector, «resulta incomprensible e inaceptable que hayan sido admitidas preguntas instadas por los diputados referidos que se sustentan en artículos manifiestamente falsos», en las que se reclaman incluso medidas disciplinarias contra su persona. Además, recuerda que no está investigado en ninguna causa judicial ni ha sido llamado como testigo, ni siquiera por la propia comisión de investigación del 'caso mascarillas'.

El demandante enumera los derechos constitucionales que han sido vulnerados dando cabida a estas preguntas de parlamentarios del PP como la portavoz de Interior Ana Belén Vázquez y sus compañeros Macarena Montesinos y Álvaro Pérez. El pasado 3 de julio, por ejemplo, en un escrito dirigido al Ejecutivo registraron tres cuestiones y expresaron sus «dudas y preocupación por su estrecha vinculación a Ábalos», sus vinculaciones al 'caso Delcygate' -algo falso porque el inspector fichó por Transportes después de este episodio-, o su papel en el 'caso del pequeño Nicolás', el mismo que sirvió con sus informes para destapar las actividades parapoliciales del comisario Villarejo.

Con este marco, se preguntaron antes incluso de celebrarse el examen de ascenso por los criterios del tribunal calificador «para determinar si cumplía con los requisitos éticos y profesionales exigibles para promocionar a inspector jefe».

Lanzaron también una posible suspensión cautelar o, al menos, una revisión de su idoneidad para el ascenso; inquirieron si la Dirección General de la Policía le había abierto algún expediente disciplinario; se preguntaron si el Ejecutivo puede garantizar que no ha existido ningún tipo de presión política para facilitar su promoción; y, por último, si tiene previsto paralizarla «hasta que se aclaren todas las informaciones que lo relacionan con tramas presuntamente delictivas». Algo que ya ha sido rectificado por los propios medios que lo publicaron, tal y como adjunta el agente en su escrito.

Se da la circunstancia de que esta petición a la Mesa del Congreso llega días después del archivo de un expediente administrativo con el que también trataron de desprestigiarle. El Ministerio del Interior cerró la investigación al no hallar indicios sobre un uso indebido del vehículo de una empresa privada de vigilancia cuando trabajaba en Transportes.

A Rubén Eladio le achacaron que usó este vehículo como propio y también cuando estaba de baja para el servicio. También alegaron que el funcionario hizo uso de una tarjeta de repostaje de combustible con la que habría realizado unos gastos totales de 4.918 euros entre el 1 de enero de 2022 y hasta septiembre de 2024. Incluso, le acusaron de estos abonos cuando estaba de viaje oficial en el extranjero.

Un grave señalamiento que se desmontó con la practica de las diligencias. El 11 de marzo de 2025 se produjo la incoación del expediente disciplinario para depurar la responsabilidad. El primero de los testimonios que se tomó fue el del propio agente, quien alertó que el Servicio de Inspección de Transportes se «extralimitó en la comprobación de los hechos» porque fueron «más allá de la línea temporal de los dos años de prescripción de la supuesta falta grave».

Eladio señaló que todas estas actuaciones previas fueron ordenadas por la auditora de la etapa de Ábalos en Transportes, Belén Villar. A esta alto cargo de Puente, el inspector la acusó de una «dinámica sesgada y parcial» ya que le trasladó que se reincorporaba al servicio el 27 de diciembre de 2024 y no le comunicó que tenía que comparecer para aclarar estas circunstancias.

«Por todo lo expuesto, tampoco hay prueba en el expediente que enerve la presunción de inocencia, ya que éste se ofreció a entregar dicho vehículo en numerosas ocasiones y nadie le indicó el modo de hacer efectiva la entrega», detalla el archivo. Asimismo, las pruebas incorporadas «no resultan acreditadas las presuntas irregularidades», concluye ahora la Dirección General de la Policía.