Lesmes cuenta con una mayoría de vocales para nombrar a los dos magistrados del TC

Esta norma ha cambiado las competencias del CGPJ solo para desbloquear la renovación parcial del TC, ya que el 12 de junio venció el mandato de un tercio de los magistrados, cuatro de sus 12 integrantes. No obstante, al Consejo se le sigue impidiendo cubrir las plazas vacantes del Tribunal Supremo por estar en funciones desde diciembre de 2018.

La primera toma de contacto del CGPJ para sondear la opinión de los vocales será el próximo 8 de septiembre. Solo un día después del solemne acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, presidido por el Rey y que estará marcado por cuarto año consecutivo por el bloqueo de PSOE y PP para la renovación del órgano constitucional.

Lesmes convocó el pasado 21 de julio un pleno extraordinario para esa fecha, en el que se debatirá la propuesta de nombramiento de los magistrados para renovar la corte de garantías. Las otras dos designaciones previstas le competen al Gobierno, por lo que si todo marcha según lo previsto habría un vuelco en el TC en favor de los magistrados considerados progresistas, incluido su próximo presidente.

Así, de los 20 vocales iniciales que conforman el CGPJ, sin contar con el presidente Lesmes, ahora están 18 por el fallecimiento en junio de la juez Victoria Cinto y la jubilación en marzo pasado del magistrado del Tribunal Supremo Rafael Fernández Valverde. A los 18 Lesmes les exhortó en el último pleno a consensuar los dos candidatos a la corte de garantías. Para ello se requiere un mínimo de 11 votos, ya que para este caso se necesita una mayoría cualificada de tres quintos de la composición actual.

En definitiva, el también presidente del Supremo se la juega al todo o nada, ya que ha asumido esta tarea como algo personal pese a no estar muy de acuerdo con la imposición del plazo que introdujo la contrarreforma socialista, en línea con el sentir de un buen número de vocales.

Lesmes ya dijo que la ley debe ser cumplida para aplacar cualquier conato de incumplimiento. Para ello, llamó a establecer un plan de trabajo para que cada vocal, de forma individual, o los distintos bloques existentes en el Consejo puedan alcanzar un acuerdo amplio por el bien del órgano. «Me esforzaré para que esa situación se dé, pero tampoco la puedo garantizar, lógicamente», reconoció en julio.

Esto es porque desde que se dio a conocer la enmienda del PSOE que impone un plazo de tres meses al CGPJ, desde el sector conservador de este órgano se advirtió de que la reforma es vinculante en lo concerniente al procedimiento, pero «no puede serlo en su resultado porque lo que no puede es comprometer la esencia en la toma de decisiones discrecionales de un órgano colegiado, autónomo y de plural composición según recoge la Constitución», señala a este periódico un alto cargo del Consejo.

El precedente en el que confía Lesmes fue en el pleno extraordinario precisamente de hace un mes, cuando 12 de los 19 vocales más el presidente votaron a favor de la idoneidad para el cargo del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El denominado bloque conservador, mayoritario en el CGPJ, se quedó solo con siete apoyos de los nueve o diez habituales, que unidos podrían torpedear incluso ahora el nombramiento de los nuevos magistrados al TC y los planes del Gobierno. Este grupo emitió entonces un durísimo voto particular denunciando la parcialidad del sustituto de Dolores Delgado por parte del Ejecutivo.

Sin embargo, para tranquilidad de Lesmes, en esta votación ya se vio que los números sí daban para sacar adelante las designaciones a la corte de garantías en la reunión del 8 de septiembre, según admite un vocal crítico con la contrarreforma socialista. En cualquier caso, faltan menos de tres semanas y el resultado pende de la oscilación de un par de votos.