Los letrados del Congreso cuestionan la reforma del Reglamento para poner coto a los agitadores

En un informe técnico, al que ha tenido acceso este periódico, los servicios jurídicos de la Cámara baja destacan la importancia de que cualquier regulación que se vaya a llevar a cabo respete el derecho a la libertad de información que ampara el artículo 53.1 de la Constitución y no suponga tampoco «una vulneración de los estándares fijados» por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «La presente proposición de reforma del Reglamento, al regular un régimen sancionador para los profesionales acreditados de medios de comunicación, supone una limitación del derecho a la libertad de información, por lo que es preciso valorar si concurren los requisitos para su legitimidad', reza el texto.

En él, los letrados avisan también de que cualquier sanción «debe hacerse por ley» y responder al «principio de proporcionalidad». Consideran que la redacción «excesivamente abierta» de la propuesta actual podría llegar a generar cierta «inseguridad jurídica» por lo que recomiendan a la Mesa del Congreso, que preside Francina Armengol, que precise los «posibles escenarios» en los que se requeriría una sanción y que éstos se vayan «actualizando periódicamente».

El equipo jurídico ve además aconsejable contrastar las sanciones propuestas con las que el Reglamento prevé en materia de disciplina parlamentaria para sus señorías y advierte de que para iniciar un procedimiento sancionador no vale solo la palabra sino que «será necesaria la concurrencia de medios probatorios (en particular, la existencia de grabaciones de vídeo)».