Sánchez y Pradales pactan cuatro traspasos pero no rematan el primer bloque de la Seguridad Social

Son los logros, menores de lo esperados inicialmente, de la segunda reunión –la primera se celebró el pasado noviembre– de un foro que el PNV logró arrancar a Sánchez a cambio de su apoyo a la investidura en 2023. Esta cita, en todo caso, llegaba en un momento mucho más delicado que la primera porque la formación jeltzale ha pasado a ser ahora uno de los socios más críticos con el presidente, al que avisan de que su confianza «va camino de la UCI». Consciente de ello, el Gobierno se había esforzado en avanzar en las materias pendientes, pero finalmente no se han colmado los intereses de Lakua.

El traspaso más importante de los acordados es el relativo a las prestaciones no contributivas. Son, en concreto, la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo, la prestación por nacimiento o adopción, la prestación por parto o adopción múltiples y el subsidio especial por nacimiento. La transferencia se realizará con un modelo similar al utilizado con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y está valorada en cerca de 100 millones de euros al año que Euskadi se descontará a través del Cupo.

El Ejecutivo autonómico también logra una ampliación de sus competencias sobre el seguro escolar. En 2020 ya se había transferido la asistencia escolar y ahora se suman las indemnizaciones por infortunio familiar, las de incapacidad en caso de accidente y las de fallecimiento del estudiante. Se trata de un traspaso más importante en lo cualitativo que en lo cuantitativo, ya que supone que por primera vez el Gobierno vasco asume una función que corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social.

La tercera competencia acordada es la de Salvamento Marítimo. Con ella las instituciones vascas asumen la planificación, coordinación y prestación de los servicios de búsqueda, rescate y salvamento en aguas interiores y territoriales del litoral vasco, así como la exigencia de tasas y la potestad sancionadora. En todo caso, no se traspasan bienes ni personal. Y la cuarta y última se refiere al Centro Nacional de Verificación de Maquinaria. Se transfiere la parcela de más de 9.000 metros cuadrados situada en Barakaldo y se acuerdan las funciones que realiza en Euskadi a través de Osalan para evitar duplicidades.

Fuera de los acuerdos de la reunión se quedan las prestaciones de desempleo, la materia que el Gobierno vasco confiaba en vender como el gran logro de la cita. Cifradas en cerca de 800 millones de euros al año, es una transferencia muy delicada porque desata todos los miedos a las ruptura de la llamada 'caja única', aquella a la que llegan las cotizaciones sociales de los españoles y con la que se pagan las prestaciones sociales. Y eso que en las del paro, a diferencia de lo que ocurre con las pensiones, no hay déficit.

Ante los recelos que este traspaso despierta, la intención que tenía el Gobierno vasco de Pradales es que Euskadi abone las prestaciones a través de Lanbide y luego le pase la factura directamente al Estado. Desaparecerían así las 31 oficinas que tiene el Sepe en el País Vasco, en las que trabajan 247 personas. Sin embargo, la cumbre ha finalizado sin acuerdo al respecto.