Condenado a 14 años el acusado de tratar de matar a dos okupas incendiando su habitación en Badajoz
La sentencia ha sido por conformidad tras aceptar el tribunal la eximente incompleta de enfermedad mental
Cumplirá 14 años de cárcel en un centro penitenciario psiquiátrico. Es la pena que ha recaído este martes en Miguel Ángel R. A., el joven ... que prendió fuego a la habitación donde vivían dos okupas del estadio José Pache con la intención de matarlos.
El juicio contra este joven, que también residía en el estadio abandonado, iba a celebrarse este martes en la Audiencia Provincial de Badajoz, pero finalmente se ha solucionado con una conformidad entre las partes. El Fiscal ha cambiando su calificación de los hechos teniendo en cuenta los últimos informes médicos del acusado y finalmente el tribunal ha aceptado el eximente incompleto de enfermedad mental. Por tanto la pena inicial que se pedía a este acusado, 24 años, se reduce a 14 años, 7 por cada intento de asesinato.
Además el tribunal establece que preferentemente cumplirá el internamiento en un centro penitenciario psiquiátrico. Además ha sido condenado a inhabilitación, 13 años de alejamiento de las víctimas y seis de libertad vigilada cuando salga de prisión.
El abogado defensor de Miguel Ángel, el letrado Ildefonso Seller, se ha mostrado satisfecho con el resultado que ha indicado que busca «ayudar a las personas, no machacarlas» y ha destacado que se trata de un caso especial debido a los problemas del condenado.
Internamiento en psiquiátrico penitenciario
Inicialmente los informes forenses destacaron una serie de problemas en el acusado, como adicción a las drogas, trastorno explosivo intermitente y trastorno de personalidad mixto. Sin embargo, se le consideró imputable. El caso cambió hace unos meses cuando fue trasladado al centro penitenciario psiquiátrico de Sevilla y un informe de la semana pasada muestra que es semiimputable, por lo que finalmente se ha añadido la eximente incompleta de enfermedad mental.
Este cambio de régimen también ha provocado que Miguel Ángel R. A. pase a ser tutorizado por la Junta de Extremadura.
El tribunal también ha ordenado al condenado indemnizar a los perjudicados con casi 80.000 euros. Para A. C. G. pide 12.150 euros por las lesiones, 15.000 euros por las secuelas, 35.000 por el perjuicio estético y 6.000 por el daño moral. Para A. P. P. solicita 3.875 euros por las lesiones y 6.000 por el daño moral. Sin embargo una de las víctimas ha indicado tras escuchar la sentencia que sabe que será difícil recibir la compensación, ya que es probable que el condenado se declare insolvente.
Los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2023 sobre las 23.30 horas. Miguel Ángel R. A., que vivía en uno de las estancias del José Pache, usó un mechero para prender fuego al colchón que se usaban en otra estancia a modo de puerta sabiendo que dentro vivían otras dos personas.
Una de las víctimas vio desde fuera cómo había prendido el colchón y lo apagó, luego se fue a dormir. Cuando ambos okupas descansaban dentro, el fuego se reavivó. Fue un perro el que despertó a uno de ellos que fue capaz de salir entre las llamas y sacar a su compañero. Finalmente los bomberos los rescataron. El condenado, además de prender fuego al colchón, había colocado enseres para impedir que saliesen, por lo que se considera probado que su intención era matarlos.
Ambas víctimas sufrieron quemaduras graves y tuvieron que ser trasladadas al Hospital de Getafe, especializado en estas heridas. Ambos sufren secuelas, además. Uno de ellos ha sido informado del acuerdo por videoconferencia, ya que se encuentra en la cárcel actualmente mientras que el segundo ha escuchado la sentencia en la sala junto a su mujer.
Víctimas del José Pache
El caso de este doble intento de asesinato sirvió en 2023 para reavivar el debate sobre la necesidad de demoler las ruinas que quedan en pie en el José Pache. La Junta de Extremadura, de hecho, inició las obras de demolición unos días después del crimen, pero no pudo terminarlas porque hay un grupo de personas que aún residen en el estadio.
En febrero de 2024 la administración regional presentó una denuncia para poder desalojar a los okupas y terminar el derribo, pero aún no se ha celebrado el juicio que determinará si la Junta recupera la propiedad y puede terminar esta obra.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión