España espera su plan integral contra el maltrato infantil

Tras un largo proceso legislativo que comenzó en 2015, Francia ha prohibido finalmente que tanto padres como profesores utilicen «prácticas punitivas y coercitivas» para educar a hijos y alumnos, una medida que no había sido regulada desde hace siglos en el país vecino y que le convierte en el quincuagésimo sexto estado, de los 193 que son miembros de las Naciones Unidas, en penalizar jurídicamente la violencia infantil.

España lo hizo con la modificación del Código Penal de 1944. Además, en diciembre de 2007, actualizó el artículo 145 del Código Civil, que permitía que los padres o tutores «corrigieran» moderadamente a los hijos. A partir de entonces, estos deben «respetar su integridad física y psicológica».

Por su parte, en diciembre de 2018, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de 'Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia', una propuesta de los ministerios de Justicia; Sanidad, Consumo y Bienestar Social; e Interior, que se paralizó tras la convocatoria de las elecciones del pasado 28 de abril.

«Se lo debemos. Sea cual sea el resultado de las elecciones, la ley contra la violencia hacia los menores debe ser una prioridad», escribió María Luisa Carcedo, actual ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, en una tribuna publicada en 'El País' en marzo. «Mucha gente, quizá la mayoría, hemos tenido una infancia feliz. Quizá por ello, o por otras razones, hemos ignorado o silenciado demasiado tiempo un problema muy grave», añadió.

La nueva legislación preveía modificar 11 leyes y establecía un concepto de violencia infantil más amplio, definiéndolo como «toda forma de perjuicio o abuso físico, psicológico o emocional, incluidos las agresiones o abusos sexuales, los castigos físicos, el simple descuido o el trato negligente» y castigando, además, «todo tipo de violencia, sea cual sea su forma de comisión, incluida la realizada por medio de las tecnologías de la información y la comunicación».

También endurecía las condiciones de cumplimiento de los condenados por agresiones sexuales a menores y preveía que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales dispusiesen de unidades especializadas en la prevención y detección de situaciones de violencia sobre los menores.

En todo el mundo, cerca de 300 millones de niños de 2 a 4 años, es decir, tres de cada cuatro, reciben algún tipo de disciplina física por parte de sus padres o cuidadores. De estos últimos, 1.100 millones consideran que el castigo físico es necesario para criar o educar adecuadamente a un niño, según UNICEF.

En España, alrededor de 37 niños son víctimas de los malos tratos en el ámbito familiar cada día, lo que supone más de 13.800 al año, según la última estadística del Registro Unificado de casos de sospecha de Maltrato Infantil (RUMI). En 2017 se interpusieron 38.433 denuncias por delitos violentos contra menores, una cifra que Save the Children considera «la punta del iceberg», pues aunque el 25% de los niños y niñas en España han sido víctimas de maltrato por parte de sus padres, madres o cuidadores principales, pero cuando el maltrato ocurre, menos del 10% de los casos se denuncian, ya sea por miedo, porque no se sabe cómo o porque los menores, en su inocencia, ni siquiera se es conscientes de estar siendo agredidos.

La Iniciativa Global para Acabar con el Castigo Corporal a los Niños define el castigo corporal o físico como «todo castigo en el que se utilice la fuerza física y se pretenda causar cierto grado de dolor o incomodidad, aunque sea leve». Esto implica, principalmente, golpear a los niños con la mano (bofetadas o azotes) o con un instrumento (látigo, palo, cinturón, zapato, cuchara de madera, o similar); pero también puede conllevar dar patadas, sacudir, empujar, pellizcar, morder, o tirar del pelo o las orejas a los niños, además de obligarles a permanecer en posiciones incómodas o a ingerir, de forma forzada, algún producto, por ejemplo, lavar la boca de un niño con jabón o hacerle tragar especias picantes.

Por otro lado, las formas no físicas de castigo por parte de los padres también tienen efectos perjudiciales sobre la autoestima de los niños. Aquí se incluyen, entre otros, el castigo que menosprecia, humilla, avergüenza, denigra, amenaza, asusta o ridiculiza al niño.

El Código Penal español recoge que «el que, por cualquier medio o procedimiento, cause a una persona menor de 12 años una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico, podrá ser castigado con una pena de prisión de 2 a 5 años. Asimismo, la captación, venta y distribución de pornografía infantil está sujeta a una pena entre 1 a 5 años de cárcel.

Es importante remarcar que de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los ciudadanos tienen la obligación de informar acerca de cualquier situación de maltrato infantil que presencien o de la que tengan conocimiento. Algo similar a lo que ocurrió este martes cuando un dibujo de una niña de 11 años alertó a sus profesores en un colegio de Marbella (Málaga) de que podía estar sufriendo malos tratos.