Pobreza infantil: la urgencia de actuar

Casi tres millones de niñas y niños viven en la pobreza. Según los últimos datos de Eurostat, el porcentaje de personas menores de edad en riesgo de pobreza o exclusión social en España es del 34,6 %, la segunda más elevada de la Unión Europea, solo por detrás de Bulgaria. La cifra no ha variado significativamente ni en los momentos de prosperidad económica. A pesar de los buenos datos macroeconómicos —crecimiento del PIB, empleo, moderación del IPC…— España se anota en estos momentos sus peores datos de pobreza infantil desde la gran recesión, y está a la cabeza de la UE en pobreza monetaria (29,2 %). Esta pobreza persiste en la infancia mientras se reduce para el resto de la población. Los menores de edad tienen casi el doble de probabilidades que los adultos de vivir en la pobreza.

Estos datos reflejan grandes diferencias en las tasas de pobreza según el tipo de hogar, la nacionalidad de los progenitores y la localización geográfica: desde las altas tasas de Murcia o Andalucía —por encima del 40 %— a las más bajas de Galicia o País Vasco, en torno al 20 %. Esta disparidad obedece a diferencias estructurales en la riqueza y el empleo entre los distintos territorios, pero también a las políticas públicas de protección social de la infancia que se desarrollan a nivel nacional y autonómico.

Ser pobre repercute en el bienestar durante toda la vida. La pobreza compromete el bienestar inmediato de esos casi tres millones de niñas y niños y, además, perpetúa ciclos intergeneracionales de precariedad y desigualdad, limitando sus perspectivas educativas, laborales y vitales.

Pero ¿qué significa ser un niño o niña pobre en España? No significa necesariamente pasar hambre, pero sí tener muchas más posibilidades de estar malnutrido; no significa no acceder a la educación, pero sí tener dificultades para afrontar los gastos derivados de ella, tener más posibilidades de abandonar los estudios o que sea mucho más difícil tener acceso a los estudios medios o superiores —lo que compromete su futuro laboral—; no significa no tener un techo donde cobijarse, pero sí habitar una vivienda hacinada en la que no existen espacios adecuados para el estudio o la intimidad, y en que la que el frío o las humedades pueden deteriorar su estado de salud; no significa no poder acudir al médico, pero sí tener problemas para pagar algunos tratamientos y acceder a servicios no contemplados en la sanidad pública. Ser un niño pobre significa que, con una alta probabilidad, sus hijos también lo sean.

Además, para el conjunto de la sociedad, la pobreza debilita la prosperidad económica futura. No es solo un problema de equidad y de ejercicio de derechos, es una pérdida estructural de capital humano y de bienestar colectivo, que se puede dimensionar en un coste social estimado, según el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, de más de 63.000 millones de euros anuales, el 5,1 % del PIB.

No partimos de la nada. En los últimos años se han hecho esfuerzos, debatido y puesto en marcha políticas públicas sin precedentes en la historia reciente española para combatir la pobreza infantil y sus consecuencias. Ahí están las transferencias monetarias, materializadas en instrumentos como el Ingreso Mínimo Vital y su Complemento de Ayuda para la Infancia, el debate sobre prestaciones universales por crianza, la estratégica implementación de la Garantía Infantil Europea y el desarrollo de marcos normativos específicos como la Ley de Familias. Pero no parece suficiente y la infancia no puede esperar más.

La urgencia de actuar. Ante la urgencia de actuar, UNICEF España ha analizado el impacto de las posibles políticas y herramientas concretas para atajar las altas tasas de pobreza infantil en España. Los resultados forman parte del informe El beneficio de hacer: el impacto de políticas concretas para revertir la pobreza infantil en España publicado por la organización con contribuciones y análisis del Centro de Políticas Económicas de Esade. El análisis simula el impacto de cuatro posibles transferencias monetarias —prestación universal por crianza de 100 y 200 euros mensuales, y aumento del Ingreso Mínimo Vital de un 20 % y un 40 %— y dos medidas relacionadas con el empleo —subida del 20 % del Salario Mínimo Interprofesional e incremento del 20 % de la intensidad laboral— para estimar cuántos niños y niñas se verían beneficiados, así como el coste que supondría para el Estado cada una de ellas.

Ante las evidencias examinadas, UNICEF España apuesta como mejor medida, tanto por coste e impacto como por viabilidad, por la prestación universal por crianza progresiva de 100 euros mensuales, que podría reducir en 3,6 puntos porcentuales la pobreza infantil. Es decir, tendríamos un 11,2 % menos de niños y niñas en situación de pobreza o, dicho de otro modo, más de 270.000 saldrían de ella. El coste de implantarla sería de 3.500 millones de euros si se descuentan las deducciones actuales que tienen las personas con hijos a cargo que hacen la declaración de la renta.

La conclusión es que las prestaciones universales progresivas son más eficaces en reducir la pobreza infantil, garantizan el acceso de quienes más las necesitan, vivan donde vivan, y reducen la estigmatización. Por el contrario, requieren de un fuerte compromiso político y presupuestario.

Es el momento de hacer, porque no hacer nada tiene un enorme coste para el país. Para enfrentarse a la pobreza infantil, los recursos y la capacidad presupuestaria cuentan, sin duda, pero es capital que el reto se convierta realmente en una prioridad de todos, que exista compromiso político, consenso y altura de miras. Como afirmaba el que fuera director ejecutivo de UNICEF en la década de los 80 del pasado siglo hablando del reto de la pobreza infantil a nivel mundial, James P. Grant, «el interrogante no se refiere a nuestra capacidad para lograr el objetivo, sino a nuestra sabiduría y nuestra voluntad para hacerlo».

La pobreza arrebata a la infancia sus derechos y pone en peligro su futuro. Y cuando la pobreza mina la cohesión social y la prosperidad económica, perdemos todos.

El beneficio de hacer: el impacto de políticas concretas para revertir la pobreza infantil en España es un informe elaborado por UNICEF España con contribuciones y análisis del Centro de Políticas Económicas de Esade publicado el 20 de noviembre, Día Mundial de la Infancia.