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Rocío Carrasco, en un momento del documental «Rocío, contar la verdad para seguir viva», de Telecinco Mediaset
Petición de cárcel para una funcionaria que accedió al expediente de violencia de género de Rocío Carrasco

Petición de cárcel para una funcionaria que accedió al expediente de violencia de género de Rocío Carrasco

La Fiscalía solicita tres años y medio de prisión, la inhabilitación absoluta por un periodo de seis años y 5.400 euros de multa por un supuesto delito de revelación de secretos

EL Comercio

Gijón

Viernes, 11 de marzo 2022, 13:15

En el Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 4 de la localidad valenciana de Sueca se está celebrando un juicio para procesar a una funcionaria del servicio de atención a víctimas de violencia de género por consultar el expediente sobre Rocío Carrasco. Este hecho se habría producido tras la emisión en Telecinco de la serie documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', en el que la hija de Rocío Jurado y el boxeador Pedro Carrasco relataba supuestos episodios de malos tratos a cargo de su entonces marido, Antonio David Flores.

La funcionaria está acusada por utilizar sus contraseñas para acceder de forma indebida a información confidencial , que incluía desde sus números de teléfono hasta las actuaciones judiciales realizadas. La Fiscalía entiende que se estos hechos pueden ser constitutivos de delitos de descubrimiento y revelación de secretos, por lo que solicita para la procesada una pena de tres años y medio de prisión, la inhabilitación absoluta por un periodo de seis años y 5.400 euros de multa, así como el pago de las costas.

No se trata del único caso, pero sí del primero que es calificado por la Fiscalía. Todo apunta a que se repetirá en el resto de procedimientos abiertos exactamente por el mismo motivo en otros juzgados de la provincia de Valencia. En su momento, se denunció a siete funcionarios por consultar el mismo expediente sin justificación.

A raíz de la repercusión mediática y social de la docuserie, el Ministerio del Interior localizó diferentes entradas al mismo expediente en varios municipios de la provincia de Valencia y tras comprobar que esas personas no tenían relación con el caso, bloqueó el acceso y la Fiscalía denunció a los funcionarios sin relación con el caso. De hecho, se les retiraron las claves, mientras la Generalitat Valenciana les apartó de sus funciones hasta que finalicen las actuaciones.

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