Coronavirus | El Principado busca encaje presupuestario a un incremento de ayudas a autónomos

La ayuda regional de 400 euros para los autónomos que se vieron obligados a cesar su actividad de cara al público por el decreto del estado de alarma ha provocado un «aluvión» de solicitudes. Planteada para dar cobertura a 10.000 solicitantes, el Principado contaba el jueves 14.000 instancias presentadas y aún pendientes de validar, unos números que llevan a pensar que los cuatro millones de euros con los que se dotó esta bonificación son «probablemente, insuficientes», según señaló ayer el consejero de Industria, Enrique Fernández. Con los datos en la mano y una partida presupuestaria que, todo indica, se va a agotar sin llegar a beneficiar a todos los autónomos que cumplen los requisitos, la incógnita ahora es saber de qué manera se podrán cubrir las necesidades de aquellos que, pudiendo, no lleguen a percibir la prestación por haberse agotado los fondos. La clave hay que buscarla en el presupuesto regional, que se encuentra en pleno proceso de reorganización para adaptarlo a la situación de crisis actual. «Todo está en una continua revisión», reconoció el consejero sobre la posibilidad de aumentar el fondo destinado a dotar a los autónomos de una ayuda para hacer frente a los gastos fijos derivados del cierre de negocios motivado por el estado de alarma.

El proceso de puesta en marcha de la ayuda ha servido al Principado para conocer mejor el número de demandantes, pero también para identificar a aquellos colectivos que se consideran excluidos sin razón de una ayuda planteada como complemento de las medidas de apoyo a los autónomos diseñadas por el Gobierno central. Toda esa información recogida en las últimas semanas se va a «evaluar y poner en contraste con la disponibilidad presupuestaria», aunque el Principado rechaza «lanzar ofertas» que carezcan de «respaldo financiero». «Nos parece un ejercicio de irresponsabilidad».

La puesta en marcha de esta ayuda no ha estado exenta de polémica. La intención de Gobierno regional era la de cubrir parte de las necesidades de los autónomos que, entendían, habían quedado más expuestos tras el decreto del estado de alarma. De hecho, la propia ayuda contempla las actividades que pueden acogerse a la misma, coincidentes con aquellas que quedaron prohibidas al inicio de la crisis sanitaria. Además, entienden desde la Consejería de Industria, los autónomos societarios quedaban fuera de la misma al tener más facilidades para afrontar los costes fijos de sus negocios, objeto de cobertura de la ayuda. Ambas decisiones provocaron las críticas de diferentes colectivos, que sostenían que se dejaba fuera a muchos autónomos que pasaban por las mismas dificultades. Otra de las medidas incluidas en el decreto que levantó críticas fue la decisión de vincular la concesión de los 400 euros con la obligación de mantener seis meses la actividad una vez termine el estado de alarma.