Un solo contrato de 9,28 millones frena una inversión de más de 3.300 millones

El 10 de marzo de 2016 Dragados presentó la primera solicitud para rescindir el contrato de la vía asturiana en la variante. Va un año de discusión sin desbloquear el problema. El encargo adjudicado en 9,28 millones ejerce así de tapón que retrasa el estreno de la variante de Pajares, infraestructura en la que son más de 3.300 los millones invertidos y que reducirá en unos 45 minutos el viaje ferroviario con la meseta.

El contrato supone un 3% del esfuerzo económico ya hecho y todavía por aprovechar. Al otro lado de la mesa la administración se ha topado con la resistencia de la constructora del Grupo ACS, que por la perforación de un tramo de los macrotúneles ya logró un modificado de 143 millones.

De momento Fomento está, junto a su empresa Adif, analizando el expediente de la vía, pero sin haber emitido informe técnico o jurídico al respecto. «Desde 2011 la doctrina que se aplica en estos casos es que rige el plazo genérico de la Ley de Procedimiento Administrativo, que es de tres meses», explica Javier Junceda, catedrático y abogado administrativista.

Si el ministerio no emite respuesta en ese periodo, el contrato sigue en vigor y la solicitud de rescisión se entiende caducada. «Es quien tiene la sartén por el mango, aunque a partir de ese momento Dragados puede acudir a la Audiencia Nacional a reclamar la resolución del contrato», ilustra Junceda. Desde este punto de vista, la petición para romper el encargo es una maniobra negociadora más, todavía reversible, y que además de herramienta de presión, permite a la constructora cubrir los trámites necesarios para ir al juzgado.

Dragados solicita una indemnización de 2,24 millones, suma que excede a lo que Fomento podría ofrecerle para que retomara los trabajos. La legislación actual «impide aprobar modificados que superen a un 10% del precio de licitación», aclara el administrativista. En este caso, ese límite significa que el sobrecoste no puede pasar de 1,9 millones.

Pero, ¿y si Fomento acepta la rescisión? El propio ministro Íñígo de la Serna reconoció que esa puerta está abierta. En diciembre dijo que Adif negociaba para ver si regresaba al tajo «o la situación es tan comprometida como para obligarnos a tomar otra solución administrativa». Ese camino exige dar audiencia a la empresa, emitir informes técnicos sobre los trabajos que hizo, el dinero al que tiene derecho, y elevarlo todo al Consejo de Estado. Tras su informe, se puede resolver el contrato y por fin, volver a sacarlo a licitación. Rige para todo ello el plazo de los tres meses, con lo que, de acelerar el paso, en junio Fomento podría volver a sacar la vía a concurso. Aunque Dragados no quede conforme con la liquidación y vaya a la Audiencia Nacional, «es improbable que como medida cautelar se decrete la suspensión del nuevo concurso», expone Junceda.