Los enfermos de hepatitis C recibirán tratamiento hasta 2020

El Gobierno y las comunidades pactan un límite temporal al plan contra esta enfermedad y el Principado reclama fondos para el programa

DANIEL ROLDÁN

Entre marzo de 2014 y febrero de 2015 seis medicamentos recibieron la autorización para poder curar la hepatitis C, una enfermedad que pasó de ser mortal a desaparecer en casi todos los que la sufrían (tienen un 95% de efectividad). Un salto cualitativo que provocó una masiva protesta en las calles y la creación de un Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C.

El entonces ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, aseguraba que se iban a invertir 727 millones. Un gasto que no iba a contar como déficit para las maltrechas arcas autonómicas. En teoría. Este miércoles, las comunidades pidieron explicaciones. Y dinero. «En 2015, el Ministerio nos prometió 27 millones que todavía nos adeuda. Y no han pagado nada tampoco en 2016 y en este año», apuntó Carmen Montón, consejera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana.

Fue el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), el primero que se celebra con Dolors Montserrat como ministra de Sanidad, una reunión densa, criticada por la cantidad de puntos a tratar, y en el que se llegó a un acuerdo sobre los enfermos de hepatitis C. Se universaliza el plan, que solo alcanzaba a los casos más graves de fibrosis (F4, F3 y F2), para acoger a los más leves (F0 y F1). Una medida que ya aplicaban Madrid, la Comunidad Valenciana, Aragón desde hace una semana y País Vasco. Además, el CISNS coloca un techo temporal a este plan: 2020. No se descarta que se prolongue más años. Pero a este «positivo acuerdo» le faltaba otra parte fundamental: ¿quién va a pagar los tratamientos última generación? Montón expuso que en los dos últimos años han invertido más de 200 millones en «salvar la vida» a más de 9.800 personas. Sin embargo, no se concretó ninguna cifra para las comunidades durante los próximos años. «Unos invitan y nosotros pagamos», resumió una delegación autonómica. Los representantes de comunidades socialistas reclamaron un plan económico que contemple no solo las últimas innovaciones en hepatitis C, sino en otras especialidades, como las enfermedades oncológicas.

La ministra de Sanidad recordó que España lidera el abordaje de la hepatitis C en Europa, que 76.000 pacientes han recibido el tratamiento y que el presupuesto para tratar la enfermedad asciende a 200 millones. Una reducción drástica de los 1.600 millones gastados en 2015 y 2016 debido a una bajada de precios de los medicamentos y a que hay menos personas que tratar. Por estos motivos, la ministra rechazó dar un presupuesto específico para el tratamiento.

Negociar con Hacienda

No obstante, se comprometió a mediar con el departamento de Cristóbal Montoro para solventar el problema de que compute como déficit. «No es razonable que un ministerio sea exigente con objetivos de déficit y a la vez otro nos anime a generar, a través de un plan estratégico, gastos adicionales como con la hepatitis C», resumió el consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio Sáez. El titular de esta cartera en Asturias, Francisco del Busto, le recriminó a la ministra que la «voluntad política» ha de reflejarse en los presupuestos». Y aseguró que es en las autonomías donde se está «poniendo el dinero».

Por otra parte, Montserrat anunció la creación de una comisión institucional, con la presencia de las comunidades, un comité científico y una oficina de apoyo para los afectados de la talidomida. El primer objetivo, señaló, es elaborar un registro de afectados.