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La comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente en la mina de Cerredo quedará constituida el próximo mes de mayo, pero podrían pasar «meses» ... hasta que los diputados puedan meterse en harina. Esto es, aún habrá que esperar un tiempo para que comiencen las comparecencias y los interrogatorios, claves para la investigación. Fuentes parlamentarias creen incluso que difícilmente podrá entrarse en materia en este periodo de sesiones, que concluye el próximo 30 de junio, y que por lo tanto la investigación propiamente dicha no arrancará hasta después del verano, salvo que los grupos acuerden habilitar el mes de julio para poder iniciarla antes.
La decisión final de PSOE e IU-Convocatoria por Asturies de no posicionarse en contra de la creación de esta comisión, pese a ser muy críticos sobre su utilidad, agiliza su puesta en marcha ya que evita tener que someter la iniciativa a debate y votación en pleno, pero el procedimiento habitual de la Junta General contempla una serie de plazos para prácticamente cada uno de los pasos que se deben dar a partir de ahora y la experiencia parlamentaria indica que podría tardarse incluso meses en iniciarse los interrogatorios. Como ejemplo basta con anotar que la comisión de investigación parlamentaria sobre el 'caso Renedo' se solicitó en junio de 2012, pero las comparecencias no comenzaron hasta febrero de 2013; mientras que se empezó a hablar de la comisión de investigación del caso Gitpa en febrero de 2016 y no fue hasta septiembre de aquel mismo año cuando arrancaron los interrogatorios.
Por ahora, y aunque ya es oficial que no habrá posicionamientos en contra, el reglamento establece que, desde la toma en consideración de la solicitud por parte de la Mesa de la Cámara, deben reservarse siete días hábiles para que los grupos se manifiesten, plazo que finaliza el viernes 2 de mayo. Luego, teniendo en cuenta que no habrá posicionamientos en contra, está previsto que el asunto se eleve a la Mesa de la Cámara el día 6 de mayo. A partir de esa fecha, el presidente de la Junta dispone de un periodo máximo de 15 días para constituir la comisión, por lo que agote o no ese plazo su puesta en marcha tendrá lugar el próximo mes de mayo. Luego deben formalizarse otros trámites como la composición de la Mesa de Comisión y la elaboración del plan de trabajo, con su correspondiente cronograma.
El primer hito, la elección del presidente, el vicepresidente y el secretario de la Mesa de la Comisión, es clave porque podría condicionar y mucho el devenir de toda la investigación. Hasta el momento se ha postulado para ocupar el cargo de presidenta la exdiputada de Podemos, Covadonga Tomé. La ahora líder de Somos ha pedido el respaldo de las fuerzas de la izquierda (PSOE e IU) y rechazado la posibilidad de acceder al cargo con el apoyo de Vox. Existen recelos por parte de las fuerzas que sustentan el Gobierno a ceder la presidencia a Tomé, pero esta también podría presidirla si quisiera con el apoyo de las fuerzas de la derecha, que parecen dispuestas a facilitar cualquier opción que impida que PSOE o IU se hagan con las rienda de la comisión. Su elección, como la de los otros dos componentes de la Mesa, es a través de votación ponderada y hoy por hoy hay margen para varios escenarios, por lo que todo depende de los acuerdos previos que puedan fructificar en los próximos días.
Las fuerzas de la oposición quieren iniciar el proceso cuanto antes e incluso fuentes cercanas al Gobierno autonómico reconocen que sería un error tratar de retrasar la investigación y no asumir el proceso lo antes posible, lo más lejos posible del periodo electoral.
El presidente del Principado, Adrián Barbón, volvió este jueves a mostrar su rechazo a la comisión «parlamentaria, partidista y política» que se pondrá en marcha en la Junta General para depurar responsabilidades sobre el trágico accidente de la mina de Degaña. Acusó a la «derecha» y «no sólo la derecha» –en clara referencia a Covadonga Tomé– de pretender con esta comisión «generar ruido, confusión, ocultar los avances de la triple investigación en marcha, tapar a Blue Solving y difuminar las responsabilidades de la empresa». Barbón, que hacía estas declaraciones durante su intervención en el congreso del sindicato SOMA-Fitag-UGT, prometió por su parte ofrecer «investigación, certezas y responsabilidad caiga quien caiga».
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