Quince días de calvario que convulsionaron al Principado

Eran de León, tenían entre 32 y 54 años, y ese día se disponían a iniciar su jornada laboral en la tercera planta de la mina de Cerredo. Una explosión de gas grisú sesgó la vida de cinco trabajadores e hirió a otros cuatro. El permiso que regía en ese lugar facultaba a la empresa, Blue Solving, a «retirar material, cuadros metálicos, vías, y elementos de minería» hasta el 11 de abril, explicó Belarmina Díaz en Cerredo.

Después de que el presidente del Principado, Adrián Barbón, asegurara –como se lo prometió al hermano de uno de los fallecidos–, que «la mina va a ser chequeada de arriba abajo», Industria inicia la tramitación de una denuncia contra la mina año y medio después de recibirla. El 16 de octubre de 2023, un informante escribió un correo al Servicio de Atención Ciudadana (SAC) en el que mostraba un vídeo de la bocamina recién restaurada que da acceso a la fatídica planta. «Se está explotando sin ninguna medida de seguridad. Puede entrar cualquier persona. ¿Eso es legal?», preguntaba. El SAC la remitió a la dirección minera@asturias.org, el servicio que le figuraba del Servicio de Promoción, Desarrollo y Seguridad Mineros. En Transición Ecológica no supieron hasta el 2 de abril de esa denuncia. La dirección, abierta durante la covid, había quedado en desuso.

El día en el que se reúne a la comisión de seguridad minera (que integran también empresarios y sindicatos), Belarmina Díaz asegura que la última inspección a a la mina tuvo lugar el 20 de septiembre de 2024. Esto es, seis meses antes del accidente. Y subrayó que «en los dos últimos años ha habido ocho inspecciones, sin detectar nunca actividad anormal. Tampoco en ese tercer piso se detecta extracción de mineral». Ocho inspecciones en ese tiempo suponen una visita cada dos o tres meses de media, cuando mineros consultados aputan que lo usual es tener una cada mes.

A través de sus allegados, los supervivientes relatan a EL COMERCIO los hechos. La mina había quedado cerrada el fin de semana, con el sistema de ventilación inactivo. El turno de la mañana accedió a las ocho, «como todos los días» y como todos los días, explican, ningún especialista fue delante verificando que la atmósfera era respirable. Una omisión que conculca los artículos 62 y 92 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. Avanzaban en grupo cuando a la pareja que iba por detrás le sonó el oxímetro. Si la presencia de oxígeno es inferior al 19%, toca salir. El aparato llegó a marcar 17%. Los rezagados trataron de avisar a sus compañeros. «Los de delante siguieron. No sé si por qué no lo escucharon o qué pasó. Ellos también llevaban aparatos de medición». Después, todo estalló. Manifiestan que entre sus labores diarias está sacar carbón. Ese 8 de abril distintos efectivos recogen indicios en la mina durante seis horas. La mina sufrió un accidente mortal en 2022, fue sancionada por tráfico ilícito de mineral y a raíz del traspaso de derechos entre miembros de la misma familia (finales de 2023) se relajaron los controles.

Mientras Belarmina Díaz traslada que dicha inspección avala que «había grisú», EL COMERCIO publica que Blue Solving no tenía activado tampoco un permiso de extracción de carbón para investigarlo con fines industriales. Le quedaban papeles que presentar antes de recibir el visto bueno definitivo y sacar 60.000 toneladas del primer piso. Dicha autorización la consiguió en poco más de un mes, cuando lo habitual son más de seis.

La consejera comparece en la Junta a petición propia. Señala que todos los indicios apuntan a una extracción irregular de carbón, pero también alerta del incumplimiento de la legislación minera, denunciando condiciones laborales impropias de este siglo. Detalla que en la inspección de esa misma semana se descubrieron dos huecos posteados. Uno, de 18,2 longitud y otro, de 28,6, con una altura de 25-30 metros y una anchura de 0,8 metros. «Ni en el peor de los chamizos». Su existencia, dice, es prueba clara de lo que allí ocurría. «Fallida» (IU), «decepcionante» (Covadonga Tomé-Grupo Mixto), «arroja aún más dudas» (PP), «negligencia culposa» (Vox), «escandaloso» (Foro)... No convence.

Después de un fin de semana en el que IU, socio de Gobierno, pide «depurar responsabilidades judiciales, políticas y administrativas», Tomé se adelanta al resto de grupos en pedir una comisión parlamentaria. Foro y PP la proponen en conjunto, Vox la apoya y reclama respuestas en el Congreso.

En el Pleno de la Junta, Díaz dimite para «no ser un obstáculo», insistiendo en que los dueños no tenían permiso para extraer carbón. Sus competencias se dividirán un día más tarde entre Borja Sánchez y Alejandro Calvo. IU rechaza la comisión de investigación y pide a Tomé que dé marcha atrás.