La Alianza de las Infraestructuras pone hoy a prueba la unidad contra el Huerna

Aquello obligó a los juristas de Bruselas a revisar los expedientes tramitados en España para que este peaje que iba a expirar en 2021 se prorrogase hasta 2050; también analizaron el posterior proceso de venta de la concesionaria a inversores privados. Los técnicos concluyeron que en ambos hitos se vulneró una directiva de 1993, que ambos eran pasos que debían resolverse por licitación convocada con un anuncio en el boletín oficial de la UE.

El pasado julio Bruselas emitió un dictamen motivado, documento que da por probada la irregularidad e insta al Gobierno central a proponer alternativas para reponer la legalidad. El Ministerio de Transportes contestó con «aclaraciones» e «información justificativa»; lo hizo «en defensa de los intereses generales de España«, transmitió.

El Ejecutivo central defiende sus propios contratos y su voluntad reconocida de «agotar las posibles opciones de respuesta» abocan a un largo litigio. Bruselas puede volver a sentarse a discutir la cuestión durante años, antes de tirar la toalla y denunciar al Gobierno de España ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Para inclinar la balanza del lado de un rescate de la concesión, Barbón ha pedido unidad, se ha comprometido a liderar la reacción asturiana y prometió que no le dolerán prendas en enfrentarse a su propio partido. Todos han dado margen a la espera de que esta mañana el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, detalle la estrategia y los pasos que propone dar. Lo hará en la Alianza de las Infraestructuras que reúne al Principado con los partidos, agentes sociales y colectivos y estas son las variables que acotan el campo de batalla.

En la memoria está el 'fiasco ferroviario', cuando EL COMERCIO destapó que el pedido de trenes para renovar parte de la flota de Feve llevaba cerca de tres años bloqueado por una discusión sobre el tamaño de las unidades. La presión de los presidentes Barbón y el cántabro Miguel Ángel Revilla causó dimisiones y un conjunto de compensaciones a ambos territorios, entre ellas, la gratuidad de las cercanías hasta que llegaran los nuevos trenes.

UGT recordaba el caso para exigir «la misma gratuidad para el peaje del Huerna» pero hay diferencias. Cuando EL COMERCIO desveló el caso quedaban cuatro meses para las elecciones autonómicas, ahora 20. Barbón fue de la mano de Revilla, por entonces un aliado del Gobierno de Pedro Sánchez; en esta cuestión los únicos apoyos externos que cabe recabar son dos comunidades gobernadas por el PP, Castilla y León y Galicia, toda vez que el expediente de infracción lo es por la AP-66 asturleonesa y la AP-9 gallega. Cuestión no menor: en el ministerio quien manda ahora es Óscar Puente, con un peso en el PSOE muy superior al de su predecesora, Raquel Sánchez.

Esos factores, y el amplio expediente de proyectos en maduración pendientes de decisiones del ministerio (léase accesos a El Musel, autopista del mar, plan de cercanías y eje del suroccidente) desincentivan ir al choque con Transportes. Hace unas semanas y de cara a esta reunión de la Alianza la consejería maduraba un borrador, confeccionado antes de que el ministerio contestara formalmente a Bruselas. El documento decía que había que solicitar al equipo de Puente que «actúe con responsabilidad política» y abra «un canal permanente con las partes interesadas en Asturias» en el rescate. Poco más concreto al respecto.

Sin embargo los pasos de la UE y el rechazo del ministerio a seguirlos han alimentando la expectativa en las tres comunidades del noroeste, que encuentran en los peajes un motivo de discriminación y lastre a su desarrollo. El movimiento está iniciado y genera su propia energía cinética, obligando a los actores a adaptarse o perder equilibrio.

Hace once días la Xunta amenazó con ir a los tribunales si el ministerio seguía sin dar acceso al expediente que cursa Bruselas y anunció que abriría conversaciones con el Principado y la Junta de Castilla y León para «coordinar acciones conjuntas». El sábado la Consejería de Movilidad castellano y leonesa reconocía que esos contactos entre las tres administraciones «se han intensificado» para armar «un frente común». El objetivo inmediato es acordar «una declaración o un documento conjunto» para instar a Transportes a rescatar los peajes.

En paralelo cámaras de comercio de los tres territorios están también estrechando lazos para plantar batalla.

Hay motivos para la unidad. Si difícil es que el Ejecutivo se abra a rescatar un peaje por la ilegalidad mentada por la UE, más lo es que lo haga solo en Asturias, dejando de lado el caso gallego. Ese paralelismo juega también en contra del Principado. La AP-9 factura cerca de 200 millones al año y su concesión expira en el 2048, lo que hace más oneroso su rescate que el de la AP-66, que recauda cerca de 47 millones y tiene solo dos años más de contrato.

Carlos Paniceres fue el primero en decir que aquí, lo que hacía falta, era conformar una iniciativa cívica como lo fue en los años 80 la plataforma pro variante de Pajares. Activaba así en el imaginario colectivo aquellas movilizaciones.

La líder de Somos, Covadonga Tomé, como Xabel Vegas, de IU-Convocatoria reclaman «una movilización», con Barbón a la cabeza. Adrián Pumares, de Foro, advirtió de que «si no hay presión política y social, el peaje seguirá».

El presidente del Principado, la semana pasada, no se opuso, dejó margen, pero solo habló de esta demanda en respuesta a la oposición y sin hacer de ello su principal apuesta. Se da por hecho que el proceso que viene será largo. En la retina está que la manifestación por los incumplimientos del plan de vías de Gijón convocada en 2015 no llegó a los dos millares de personas (según los organizadores) y la del vial de Jove y contra la contaminación de 2024 atrajo a 700 manifestantes.

La Xunta amenaza con requerir judicialmente el expediente de infracción de la UE, del que solo tienen conocimiento Bruselas y el Gobierno central. La Federación gallega de transporte de mercancías (Fegatramer), ha anunciado que irá al Tribunal Supremo a reclamar la nulidad de las prórrogas de la AP-9 y la devolución de los peajes que entiende cobrados indebidamente desde 2013. Para ello se ha puesto en manos del mismo despacho que armó la primera denuncia que puso a la Comisión sobre la pista de estos contratos, trabajo que hizo para la asociación de usuarios En Colectivo.

En Asturias el sector del transporte se prepara para ir en esa línea. Bajo liderazgo de Fade, se busca bufete asturiano de confianza para ir a los tribunales. Juristas de reconocido prestigio como Javier Junceda y Javier González Vega apuestan también por acudir a los tribunales nacionales. El Principado por su parte anunció que contrataría a «los mejores administrativistas» para explorar todas las opciones posibles.