Más de 700 asturianos muertos desde enero a la espera de ayudas a la Dependencia
El Observatorio de la Dependencia se muestra muy crítico con el ministro Bustinduy «por los olvidos» de la demora que acumula la Ley
Entre enero y junio pasados fallecieron muchos asturianos. No hay cifras aún oficiales, (las últimas son de 2023), pero el número de decesos en el primer semestre del año rondará los 5.000. De ellos, 724 de ellos tienen un nexo común además de ser asturianos y mayores de 65 años: todos eran personas con dependencia que estaban a la espera de recibir una ayuda o prestación que incluye la ley. La mayoría, 685, ya habían solicitado a la Consejería de Derechos y Servicios Sociales que valorara su grado de dependencia, sin conseguirlo. El resto, 39, ya contaban con un certificado que confirma su dependencia (de grado I, II o III), pero ninguno contaba aún con una prestación económica o un servicio (teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día, residencia, asistente personal, asistente familiar...) a los que ya sabía que tenía derecho. Y todo porque el equipo que dirige Marta del Arco no tuvo la celeridad suficiente como para firmar con el beneficiario de la ley el Plan Individual Atención (PIA).
Es Asturias la región del norte con más fallecidos sin atender, salvo el País Vasco, que dejó sin respuesta a 1.131 personas. En Cantabria fueron 55 los fallecidos sin atención. En Galicia, aún menos, 45. De hecho, está el Principado en el pelotón que acumula más afectados. Solo suman más casos. Un pelotón que abre Cataluña (4.637), Valencia (1.467), Canarias (1.352) y cierra Madrid (822).
En toda España, en el mismo periodo, de enero a junio, fueron 16.866 los españoles que fallecieron a la espera de beneficiarse de la Ley de la Dependencia. La mayoría, 9.006, no habían logrado que se valorara su falta de autonomía personal. Los otros 7.860 fallecieron sin disfrutar del servicio al que ya sabían que tenían derecho
Así lo asegura el Observatorio de la Dependencia, el ente creado en 2007, cuando entró en vigor la ley, por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. El Observatorio se ha especializado en fiscalizar el cumplimiento de la ley y sus dictámenes anuales sirven para puntuar la gestión de las comunidades autónomas. En esta ocasión, el informe viene a criticar al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. A Pablo Bustinduy, al que el Observatorio ya reprochó haber puesto en marcha una reforma de la ley sin dotación presupuestaria, ahora le acusan de «olvidos y errores en su balance del cumplimiento de la ley en el primer semestre».
El presidente del Observatorio, José Manuel Ramírez, le dice que «la lista de espera solo contempla las solicitudes que llevan más de seis meses sin resolver, es decir, con las que las comunidades incumplen la ley», la que dice que entre la solicitud de valoración y recibir la ayuda, si hay derecho a ella, solo pueden pasar seis meses. Son 181 días, cifra que Asturias supera ampliamente, ya que tarda, de media, 336 días.
Con esa decisión del ministerio, cree Ramírez que el ministerio «no publica la lista de espera, sino una lista de incumplimiento de la ley». También critica el Observatorio que «hay más de 35.000 personas esperando por una plaza residencial», y son casos «de grandes dependientes» que necesitan atención prioritaria, pero, sin embargo, «esperan meses y años por esa plaza». Igualmente, muestra su oposición al resumen que hace el ministerio, «de que el 56% de las prestaciones se dan ya en los hogares. En realidad, es el 87%, ya que se olvidan de contabilizar las más extendidas, la prestación económica por cuidado familiar». Es decir, el pago a un familiar para cuidar al dependiente en su casa, con nóminas que no llegan, ni en el grado máximo, el III, a los 400 euros al mes. Por atención diaria las 24 horas los 365 días del año.
Eso lleva a Ramírez a culpar al ministerio de «normalizar la atención 'low-cost' cuando se está hablando de un nuevo modelo de cuidado de larga duración centrado en la persona».
