El Principado autorizará más parques de baterías en Asturias «a corto y medio plazo»

Lo que sí aclaró es que al final Asturias tendrá un número de parques de baterías «muy inferior a la cantidad inicialmente planteada». En su momento fueron 170 los proyectos remitidos a la consejería, pero «no siempre se tramitan, muchos llegan a término y muchos decaen, algunos pueden estar en suelo industrial y otros no. Al final puede ser una cifra sensiblemente inferior» a la inicial, declaró.

De hecho de esos 170 iniciales, 50 desistieron. De las 130 que quedarían en pie, había 50 que pretendían instalarse en suelo no urbanizable, sobre todo en zona rural, y es contra estos contra los que la Consejería de Ordenación del Territorio, que controla IU, desplegó una arsenal de anuncios tendentes a frenarlos. Primero aprobó unas instrucciones en la Comisión de Urbanismo (CUOTA) señalando la conveniencia de que se instalaran sólo en polígonos industriales, canteras y espacios degradados, y respetando distancias de seguridad de 500 metros de las viviendas, naves ganaderas o bosques. Ahora tramita una modificación del Reglamento de Ordenación (ROTU) que facultaría al Consejo de Gobierno a suspender un máximo de dos años la tramitación de todo proyecto en suelo no urbano. Es decir, no pone reparos a su instalación en polígonos y en esta fase normativa tampoco se aplica la distancia de seguridad anunciada.

Formalmente las características de esta moratoria de dos años están aún en discusión. El plazo de alegaciones al borrador acaba de cerrarse, con 26 escritos recibidos. La plataforma crítica Stop Baterías impulsó un escrito que reclama «medidas cautelares para proteger a los núcleos residenciales cercanos a suelo industrial» y paralizar todas las tramitaciones a nivel municipal. También solicita que se impida la instalación en zona rural de parques incluso en el caso de que obtengan la calificación de Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER).

Por su parte la Asociación Unión Española Fotovoltaica (Unef) estima que aplicar una moratoria mediante un decreto invade competencias municipales y conculca la jerarquía normativa que preserva la Constitución. También sostiene que es de interés público, según una directiva de la UE y varios reglamentos, eliminar trabas a la instalación de baterías.

Por último recuerda que parte de los proyectos tienen concedidas subvenciones del Plan de Recuperación, por lo que deben estar en funcionamiento el 30 de abril de 2026 a más tardar. Hay más de 60 millones concedidos para estos almacenes.