«En Asturias están en peligro casi 2.000 puestos de trabajo de las consejerías Hacienda y Derechos Sociales»

«Estamos hablando de 2.000 puestos de trabajo en peligro entre las dos consejerías». Los comités de empresa de las consejerías de Derechos Sociales y Bienestar, por un lado, y de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, por otro se unieron, como llevan haciendo en los últimos meses, en una protesta ante la Junta General del Principado. Con unanimidad de todos los sindicatos representados en cada uno de ellos, los comités han vuelto a dejar claro que no aceptarán que en la oferta de empleo que prepara el Principado el título de educador social sea obligatorio para trabajar en los centros en los que viven menores. Tanto en los destinados a acoger a los que tutela el Principado, como en el único centro de carácter penal para menores en Asturias, el de Sograndio.

«De llevarse a cabo esa propuesta, están en riesgo los puestos de los puestos de trabajo ahora en vigor y que están ocupados todas por personas con título universitario afín al empleo. Hablamos de psicólogos, pedagogos... Personal con título universitario como también lo tienen los 700 que están en la bolsa de empleo», explicó Élida Vázquez, presidenta del comité de empresa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. «Entre las dos consejerías, hablamos de más de 2.000 personas, porque también están todas las personas interinas y todos los auxiliares educadores que quieren promocionar y todas las personas que están preparando la oposición para auxiliar de educador, con una titulación universitaria que no es la de educador social», explicó Aida Rodrigo.

Ambas aseguraron que «no vamos contra ninguna titulación», pero explican que «en la bolsa de empleo, de las 700 personas que la conforman, solo 60 tienen ese título y son datos contrastados». Defienden que la atención a los menores debe ser, «como dicen todos los programas y todas las planificaciones a futuro» multidisciplinares, «y eso es lo que tenemos ahora: personal con titulaciones universitarias en diferentes facetas».

A ninguno de los dos comités les extraña que la Universidad de Oviedo estudie ahora implantar el grado de Educador Social, «porque a un gobierno que se dice progresista le resulta muy difícil defender como obligatoria una titulación que en Asturias hoy solo ofrece una universidad privada», en referencia a la Fundación Padre Ossó. «Sabemos que ha habido presiones a los decanos para que se implante esa titulación«, afirmaron ambas presidentas.

En la protesta presentaron, también, una publicación con el título 'Tiran pa'lante', una versión «de la revista que, en verano y en navidades, se publica en el centro de Sograndio. La de allí se llama 'Tira pa'lante', y aquí decimos 'tiran' porque eso es lo que vemos que hace el Gobierno regional, tirar para adelante sin atender a nuestras peticiones», explicó Aida Rodrigo.

Las movilizaciones quedan pendientes ahora de la evolución de la proposición no de ley que ambos comités han impulsado con conversaciones con todos los grupos con representación en el Parlamento asturiano. «Esperamos que pueda entrar para el siguiente pleno», explicó Élida Vázquez, quien insistió en que «no estamos en contra de ninguna titulación, nuestra oferta es integradora. Lo que no es normal es que profesionales con veinte años de experiencia y titulación universitaria se queden fuera ahora».

El Colegio Profesional de Educadores Sociales de Asturias (Copespa) insiste en la necesidad de que la atención a los menores tutelados «se preste por educadores sociales». Entienden que «la intervención social se sustenta en tres patas: Trabajo Social, Psicología Social y Educación Social» y se preguntan cómo es posible que «lo que está en vigor en el resto del país, no se entienda aquí».

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