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El Ministerio de Hacienda desveló la hasta ahora fórmula secreta por la que se procederá a condonar la deuda a las comunidades, en virtud de ... un acuerdo firmado ya hace más de un año entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez, y que el Gobierno central aceptó extender al resto de los territorios. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que el Estado asumiría una deuda total de 83.252 millones e informó de la metodología utilizada para el reparto, proponiendo a Asturias una quita de 1.508 millones de euros. Esto es, un 36% respecto a la deuda pública asturiana registrada al cierre de 2023, que ascendía a 4.243 millones. Asturias será, de hecho, la tercera comunidad que, porcentualmente, más deuda podrá quitarse de en medio con esta medida, sólo por detrás de Canarias (50,4%) y Andalucía (47,2%).
El Principado saludaba la propuesta que, destacan, tiene en cuenta «algunas de las reivindicaciones» que se hicieron desde Asturias, tales como que la quita se aplicara a todas las comunidades y que no sólo se tuviera en cuenta la deuda contraída a través del Fondo de Liquidez Autonómico, sino también la bancaria, así como que se utilizara un criterio «equitativo». El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, entiende que la población ajusta, el criterio utilizado para el reparto del 75% de los fondos, «es el más equitativo y acertado, porque va más allá incluso que la población». No obstante, reconoció que al Ejecutivo asturiano le «hubiese gustado que este criterio hubiese tenido un peso mayor al del 75%». No en vano, Asturias no recibe ni un solo euro del otro 25% que el Gobierno central reparte en atención a otros criterios. Por eso, si se tiene en cuenta únicamente la población ajustada, a Asturias y a otra decena de comunidades le corresponden 1.369 euros por habitante ajustado, mientras que Valencia recibirá 2.284 euros.
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Por ahora el Principado únicamente ha valorado el criterio de reparto, y no la cuantía. No obstante, precisamente este mismo domingo, horas antes de que se hiciera pública esta cifra, el presidente autonómico, Adrián Barbón, aceptaba por primera vez entrar en el juego de los números, asegurando a preguntas de EL COMERCIO que no se conformaría con 600 millones, pero «mil millones ya son otras palabras». Incluso el propio consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, se refería antes de hacerse oficial estos datos a los mil millones como una cifra «importante» para un territorio como Asturias, tanto en relación al volumen total de deuda pública que acumula esta región, como por la rebaja en el gasto destinado a intereses.
Peláez, que comenzó su comparecencia en la comisión de Hacienda reconociendo que aún no disponía de esta información, que será debatida mañana en el Consejo del Poder Fiscal y Financiero, confirmó a sus señorías horas después que acababa de recibir la documentación, si bien no quiso desvelar la cifra ni hacer valoración alguna hasta no estudiarla en detalle. Para entonces, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ya había ofrecido una rueda de prensa para informar de que la condonación de Cataluña ascendería a algo más de 17.000 millones de euros.
Posteriormente comparecería la ministra para dar a conocer la fórmula utilizada y la quita del resto de las comunidades, que en términos absolutos beneficia especialmente a Andalucía (18.791 millones, casi la mitad de su deuda) y Cataluña (17.104 millones, equivalentes al 22% de la deuda adquirida mediante el Fondo de Liquidez Autonómica). Entre las dos acaparan más del 43% del total.
El Gobierno regional hizo una valoración inicial sobre la fórmula elegida por Hacienda ya bien entrada la tarde, celebrando que se hubieran tenido en cuenta muchas de las reivindicaciones del Principado aunque reconociendo que el cálculo podría ser mejorable. Y es que, aunque la quita permite al Principado quitarse de un plumazo el 36% de su deuda, siendo la tercera comunidad más beneficiada en esos términos, Asturias se queda únicamente con el 1,8% del total de la tarta. En términos absolutos es, de hecho, la tercera comunidad que menos inyección económica recibirá, por detrás de La Rioja y Cantabria.
La propuesta remitida a las comunidades busca, según explicó la ministra, corregir el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas las administraciones autonómicas durante la crisis financiera.
La metodología utilizada para el reparto de estos fondos se divide en tres fases. El grueso se realiza a través del criterio de población ajustada. Para Asturias esta distribución alcanza los 1.508 millones de euros de condonación, lo que supone el 36% de su deuda, frente a la media del 19,3%. A partir de ahí, se han aplicado algunos ajustes, aunque ninguno afectaría al Principado. En primer lugar, se ha elevado la condonación de aquellos territorios que se quedarían por debajo ese porcentaje medio del 19% y, en segundo lugar, se han aplicado otras dos correcciones en función de la infrafinanciación que sufren algunos territorios y premiando a las comunidades que han ejercido al alza sus competencias normativas en el IRPF.
El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, compareció ayer en comisión parlamentaria antes incluso de conocer el detalle de la propuesta sobre la quita de deuda para informar sobre la negociación del nuevo sistema de financiación autonómico. El consejero insistió en la postura del Gobierno regional en materia de financiación, pero también se refirió a la negociación técnica iniciada ya en 2021, centrada por ahora en la revisión del criterio de población ajustada, y que se reactivó este mismo año con la publicación por parte del equipo técnico de las observaciones realizadas por las diferentes comunidades al respecto. Precisamente en la reactivación de estos trabajos técnicos se justifica el Ministerio de Hacienda para omitir esta cuestión en el orden del día de la reunión del Consejo de Poder Fiscal y Financiero (CPFyF) de esta semana, que se centrará en la quita de deuda. Esta decisión ha sido muy criticada por parte de las comunidades gobernadas por el PP, pero ayer el consejero la calificaba de «razonable» al entender que antes de llegar al debate político debe haber una base técnica sobre la que posicionarse.
El diputado popular Andrés Ruiz reprochó la postura del Gobierno central y acusó a Pedro Sánchez y a María Jesús Montero de «no tener intención» de renovar el sistema de financiación porque que esté «obsoleto» les permite «hacer lo que más les gusta, repartir recursos de manera arbitraria», citando como ejemplo el reparto del impuesto de la banca. Desde Foro, Adrián Pumares lamentó que para la reforma del modelo «sea más importante una moción de confianza a Sánchez que todos los debates técnicos que se puedan hacer tanto en la Cámara como en el CPFyF, y eso nos hace ser poco optimistas»; mientras que Gonzalo Centeno, de Vox, aseguró que la reforma «se les ha ido de las manos» porque depende de los «chantajistas catalanes», poniendo como ejemplo la propia quita. «Una decisión marcada por las cesiones de Sánchez al prófugo de Waterloo», espetó.
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