Las prioridades en la vacunación del personal sanitario desatan una tormenta política

Acudirá «a petición propia», aunque después de que los grupos políticos en la oposición del Parlamento asturiano hayan solicitado en el registro su comparecencia. El consejero de Salud, Pablo Fernández, anunció ayer que solicitaba comparecer ante la Junta General para «informar sobre la situación actual de la gestión de la pandemia incluido el plan de vacunación». Y es ahí, en el incluido plan de vacunación, donde radica el problema. Porque el anuncio desde el Servicio de Salud del Principado (Sespa) de que se incluirá dentro de los colectivos prioritarios para vacunar en esta primera fase a directivos sanitarios ha hecho estallar la polémica.

Para todos los grupos en la oposición, PP, Ciudadanos, Podemos, Foro, IU y Vox, esa decisión «no tiene justificación» y, en diferente tono y medida, todos exigen «explicaciones» y acabar «con la opacidad del plan de vacunación». Algunos, como Foro, exigen que no solo dé explicaciones el consejero, sino también el presidente del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón. «Deben dar explicaciones de las 2.965 dosis sin destinatario claro», aseguró su portavoz, Adrián Pumares. Otros, como Vox, reclaman, directamente, «la dimisión del consejero de Salud».

Los motivos del enfado saltaron la semana pasada. El que la farmacéutica Pfizer recortara su suministro semanal a España, se tradujo en que Asturias, como el resto de comunidades, recibió menos viales. Con ese frenazo, el Sespa, que lleva como eslogan del plan de vacunación lo de «vacunar al mayor número de personas posibles en el menor tiempo posible» se encontró con que debía suspender la inoculación de primeras dosis a los sanitarios, para garantizar la segunda a quienes ya habían recibido la primera. Una situación que llevó a los sindicatos, especialmente a Usipa y Sicepa, a criticar «la vacunación de personas que no están en primera línea de atención». Los sindicatos médicos y de enfermería, Simpa y Satse, por su parte, entienden que deben protegerse «a todas las personas que están en el sistema de salud».

A partir de ahí, Podemos, formación que fue la primera en hablar de «3.000 vacunas sin aclarar», Foro y PP reclamaron «transparencia en el plan de vacunación», mientras cargaban contra la «supuesta vacunación de directivos y liberados».

Una situación que la propia gerente del Sespa confirmó: «Se está cumpliendo el protocolo del Ministerio de Sanidad y vacunando al personal directivo de las áreas sanitarias, porque no han estado metidos en despachos, sino en primera línea». También justificó la vacunación de liberados «porque si la situación epidemiológica lo requiere, volverán a trabajar, como ya hicieron en otros momentos de la pandemia».

Saavedra también dejó claro que el Principado tiene «un registro propio de vacunación, además del ministerio», y anunció que «se revisará cada vacuna».

Algo que le pide al PSOE su aliado presupuestario. El coordinador de IU, Ovidio Zapico, entiende que «estamos viendo en todo el Estado español que hay mucho caradura y no queremos que aquí pase eso», por lo que pide al consejero de Salud que «dé explicaciones».

Unas que también pide, la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, quien ve «intolerable e irresponsable que los políticos se salten el protocolo de vacunación y se beneficien de su cargo para obtener la vacuna antes de que se le suministre al personal sanitario o a enfermos crónicos y colectivos de riesgo».