Directora general de Universidad

Cristina González Morán: «Si la oferta universitaria es alternativa y complementaria a la que tenemos, es positiva»

Y lo ha hecho con varios mensajes claros. En primer lugar, que la llegada de la oferta privada no le desagrada. A preguntas de Vox, que insistía en conocer la postura de González Morán, ésta ha afirmado que la enseñanza superior privada no será una competencia para la pública, sino que ambas serán «complementarias» y que «siempre que se trate de ofertas alternativas que se complementen con la que ya tenemos, y den más posibilidades (a los alumnos), son positivas, por supuesto».

Ha querido la directora general huir en todo momento de cualquier enfrentamiento pública-privada y ha insistido en que el debate es otro: «Se trata de que cualquier estudiante que decida iniciar estudios universitarios en Asturias tenga la seguridad de que lo hace con todas las garantías y sepa que esta Administración va a velar por el cumplimiento de la legalidad». De hecho, el nuevo decreto del Gobierno central, que entrará en vigor a finales de mes y que endurece las condiciones para abrir una universidad, es de aplicación tanto a instituciones públicas como privadas.

Frente a la argumentación del Partido Popular, Cristina González ha asegurado que el expediente para la implantación de la Universidad Europea en Gijón «no está paralizado», y que sigue adelante, aunque tendrá que ajustarse a la nueva normativa estatal, que le exige por ejemplo un número de alumnos mayor al que tenía previsto. Una normativa, eso sí, que retrasará la aprobación del nuevo decreto regional de centros y titulaciones, previsto para este 2025. El Principado esperará porque «tenemos que repensar nuestro decreto, nos tenemos que readaptar». En cualquier caso, ha insistido en que eso no impide que los proyectos en marcha puedan llegar a la región.

La posición más crítica con la llegada de las universidades privadas a Asturias ha sido la de Xabel Vegas, de Convocatoria por Asturias, convencido de que «crea una vía secundaria para la gente con más recursos, que quizás no tiene la nota de corte pero sí 25.000 euros para pagar el curso». Pero no solo por eso, sino porque el socio de gobierno ha insistido en que no está de acuerdo con la gratuidad de la matrícula. Tal y como anunciaron, se reafirman: en la negociación presupuestaria solicitarán que la medida esté ligada a la renta.

«Sin que sirva de precedentes», ha dicho el propio Vegas, en esta cuestión está completamente de acuerdo con Foro Asturias. Su portavoz, Adrián Pumares, advierte que la gratuidad total de la matrícula es una medida «ineficiente y regresiva que se aleja del principio de igualdad de oportunidades», que «también beneficiará a los hijos de familias con rentas altas. La justicia no es dar a todos lo mismo».

Pumares ha lamentado también que la medida se haya anunciado sin una memoria económica y ha puesto de manifiesto las diferencias de cifras que dan la propia Universidad y el Gobierno. La directora general ha tratado de explicarlo. El rector, Ignacio Villaverde, habló de unos 13 millones de euros que es lo que la institución ingresa cada curso, en total, por matrículas. Mientras, el Gobierno estima que el coste de la medida será de unos 7,4 millones de euros, ya que no solo se reclamarán requisitos académicos, sino que de los 13 millones hay que restar lo que llega mediante becas ministeriales, casos que no cubrirá la medida del Principado.