La decisión de mantener el peaje hasta 2050 permitirá a Aucalsa recaudar 1.905 millones más

Aunque no se ha cuantificado a cuánto ascendería ese rescate, es evidente que sería millonario. Al menos, así se desprende de las previsiones de recaudación que tiene la empresa hasta la expiración de su concesión a través del cobro de la tasa (fijada este año en 15,60 euros por trayecto) a los conductores que circulan por la AP-66. Las previsiones económicas para el periodo 2019-2050 de Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S.A. (Aucalsa), la empresa que explota desde 1983 los 78 kilómetros de autopista de montaña que unen Asturias con la Meseta, contemplan una recaudación de 2.150 millones de euros a lo largo de esas tres décadas.

Si se tienen en cuenta los ingresos obtenidos durante los primeros seis años, hasta 2024 —último ejercicio cerrado—, la empresa estima que aún le quedarían por recaudar 1.905 millones de euros más hasta la finalización del contrato, a mediados de siglo. Concretamente, en el ejercicio 2024 la concesionaria habría ingresado 47,8 millones de euros en la explotación de la autopista que atraviesa la cordillera Cantábrica entre Campomanes (Asturias) y Villablino (León). La mayor parte de esos ingresos procede de la recaudación directa vía peaje, aunque en menor medida también de la compensación económica de la administración central por los descuentos aplicados a transportistas y conductores habituales.

En 2023 la empresa ingresó por estos mismos conceptos 47 millones de euros, según recoge el informe de auditoría de sus cuentas consolidadas. Un año antes, en 2022, recaudó 41,7 millones, mientras que en 2021 ingresó por estos conceptos 37,8 millones. Es decir, una horquilla de entre 130.000 y 103.000 euros al día.

Noticia relacionada

Llamada a la movilización social y política para pedir la supresión del peaje

Aunque el Gobierno del Principado, todos los partidos asturianos y agentes sociales reclamaron en su momento al Ministerio de Transportes aprovechar el expediente europeo para rescatar la concesión, el Ejecutivo parece inclinarse por agotar otras vías de respuesta y evitar el coste económico de esa medida.

El departamento que encabeza Óscar Puente argumenta que la prórroga aprobada por el Gobierno de José María Aznar llegó a Moncloa con todos los informes de la Abogacía del Estado y la Intervención General favorables, por lo que considera que sigue habiendo base jurídica para defenderla. Es también la postura de Aucalsa. Su sociedad matriz, el Grupo Itínere, especificó en su última memoria que existe una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) favorable a sus intereses.

Desde el Ministerio de Transportes insisten en responsabilizar de esta situación al PP, el partido que gobernaba cuando se prorrogó y privatizó el peaje. Y aunque defienden que la política del Gobierno de Pedro Sánchez no es la misma, y de hecho se han liberado los peajes que han llegado al final de su concesión durante este mandato, aseguran que la defensa del interés general les lleva a intentar evitar el coste que supondría este rescate. Por ello, en el caso del Huerna y la AP-9 gallega, con acuerdos a los que aún les quedan décadas por delante, el Ejecutivo central ha optado por mejorar las bonificaciones y mantener el peaje. Esta decisión podría llevar a Bruselas a defender la legalidad comunitaria ante el Tribunal de Justicia de la UE.