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El Consejo de Gobierno del Principado, en su reunión de ayer por la mañana, antes del apagón, decidió retomar «de inmediato» la extracción (eliminación) de lobos ... en las zonas en las que las cabañas ganaderas están más afectadas por su actividad. El Boletín Oficial del Principado publicó ayer la resolucion que permitirá abatir 53 animales hasta el 31 de marzo de 2026, según explicó el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, con la finalidad de hacer compatible la vuelta a la aplicación del Plan de Gestión del Lobo que el Principado aprobó en 2015 con el mantenimiento de la actividad ganadera.
En consecuencia, el Principado también dio a conocer ayer cómo será el nuevo baremo para la indemnización de daños causados por la fauna salvaje, con bonificaciones para razas autóctonas y reses protegidas por marcas de calidad, así como con bonificaciones especiales para las explotaciones que adopten medidas preventivas frente a los ataques del lobo (de hasta el 10%) y con un incremento del 20% en las bonificaciones para aquellos ganaderos que hagan transformación de la materia prima obtenida de la ganadería. Marcelino Marcos incidió en que ambas decisiones «demuestran con hechos nuestro firme compromiso con el medio rural y, en concreto con la ganadería. Estamos actuando con agilidad, sin perder un sólo minuto», aseguró.
Sin llegar a la crítica directa al Gobierno central, el consejero sí que aportó algunos datos. Uno, fundamental, que los daños a la ganadería asturiana durante el año pasado supusieron la muerte de 3.257 cabezas de bovino, ovino, caprino y equino, es decir, un 19,7% más que antes de la protección del lobo, y que el coste de las indemnizaciones fue un 96,16% superior al de 2021, con 1.538.028 euros.
Más aún, y fuera del guión oficial, Marcelino Marcos reconoció que si la presencia del lobo se había constatado hasta 2021 «en aproximadamente el 74% del territorio, hoy está en alrededor del 84%». Hay más animales también, pues «los últimos estudios sobre la población de lobos reflejan que Asturias cuenta con 45 manadas, de las que 42 son reproductoras, con una población aproximada de entre 360 y 405 animales». En 2001 había en Asturias 22 manadas, y la «población ha mostrado una tendencia genera de crecimiento, al igual que los perjuicios sobre la ganadería».
Lo primero que hay que aclarar es que el lobo sigue sin ser especie cinegética en Asturias. Esto es, que no puede ser cazado legalmente por los cazadores, sino que serán los agentes medioambientales quienes procederán a las 53 retiradas. Y sí, son eliminaciones físicas. Se mata a los lobos que se determina a través de los criterios del Plan de Gestión, que prohíbe matar madres o crías. Preferentemente se trata de machos que viven al margen de las manadas.
Después es importante saber que hay siete zonas de gestión del lobo, así como un área sin gestión específica (se corresponde con el litoral central y oriental de la región), y las retiradas se repartirán por todas ellas en función de los daños y la conflictividad social, de la forma que ya se acordó en el Consejo Asesor celebrado la semana pasada. Dentro de las zonas de gestión, la siete, (Picos de Europa fuera del Parque Nacional), se podrán eliminar hasta cuatro ejemplares de lobo, si bien en este caso no se aportaron datos sobre los daños registrados en la cabaña ganadera.
Eso sí, el consejero alertó de que «hay productos tradicionales, como nuestros quesos, que están en peligro por la actividad del lobo». Y respecto al territorio del Parque Nacional de los Picos de Europa, precisó que «espero que también haya extracciones, aunque eso se decidirá en la reunión de los órganos de gestión del Parque», en el que están representados el Ministerio de Transición Ecológica y los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Cantabria y Asturias.
De forma complementaria, el nuevo baremo de daños (el listado de indemnizaciones que la Administración regional emplea para compensar a los ganaderos por los daños sufridos por su cabaña) se actualizó ayer «determinando las indemnizaciones en función de dos componentes básicos: el precio emergente, que refleja el valor de cada animal, calculado según criterios como edad, raza y aptitud productiva, y el lucro cesante, que según explicó elconsejero hace referencia a la pérdida de ingresos que se habrían obtenido si no se hubiese producido el ataque al ganado.
Y aquí llegan los complementos. Por el lucro cesante se puede añadir un 20% al valor emergente, que se podrá incrementar en otros cinco putos adicionales para el ganado bovino y equino si los animales llevan censados al menos dos años en la explotación y un 10% si supera los seis años.
Habrá bonificaciones específicas adicionales, con un 20% para los animales de razas reconocidas como autóctonas y de un 10% para los inscritos en un libro geneaológico o protegidos por una marca de calidad o que estén cubiertos por un seguro agrario.
Y, también, el antedicho incremento de un 20% extraordinario si los daños son de lobo u oso, más un 10% adicional para las explotaciones donde se hayan adoptado medidas preventivas (vallados, cercas electrificadas y otros tipos de ingenios diseñados para impedir la entrada a los depredadores), de las que el consejero recordó que «hacemos convocatorias de ayudas que llegan a cubrir el 100% de los gastos de instalación de esas medidas». Y especialmente bien recibida entre los profesionales del desarrollo rural son las ayudas adicionales de un 20% en la bonificación para aquellas ganaderías que transformen las materias primas en productos derivados en la propia ganadería. El caso paradigmático son las ganaderías con quesería o con sala de elaboración cárnica.
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