Los empresarios de Asturias urgen a Adrián Barbón a acelerar la 'guerra a la burocracia'

A su calor la pasada legislatura se aprobaron las leyes de Medidas Urgentes, la de Calidad Ambiental y la de Función Pública. Son textos que introdujeron la declaración responsable como solución con la que un promotor podía decir que cumplía la norma y seguir adelante; o que abrían la posibilidad de premiar con más sueldo al funcionario productivo, por citar ejemplos. En esta legislatura salió adelante la Ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional (PIER), llamada a acortar plazos y facilitar ayudas públicas a las grandes apuestas empresariales; se debate en la Junta General la nueva de Régimen Jurídico y se espera para finales de año una propuesta de ley de ordenación del territorio.

¿Se atisba la victoria? ¿Es hoy Asturias un territorio libre de trámites redundantes? Los empresarios responden debatiéndose entre la esperanza por lo que aún está por venir y la decepción.

«El marco legal ha mejorado, pero falta consolidar una cultura administrativa verdaderamente ágil y alineada con las necesidades reales de las empresas», opina María Calvo, presidenta de la Federación asturiana de empresarios (Fade). A su juicio la declaración responsable «ha supuesto una mejora clara para muchas actividades, especialmente en sectores donde los plazos eran un freno real a la inversión, pero su aplicación aún genera incertidumbre en algunos casos y no todos los ayuntamientos están preparados para asumir su gestión con agilidad». Se están dando pasos «en la dirección correcta pero aún estamos lejos de poder decir que se ha ganado la batalla a la burocracia», juzga.

Las leyes aprobadas «fueron iniciativas bien orientadas, pero que se quedaron a medio camino por falta de desarrollo reglamentario», cuestiona José Manuel Ferreira, vicepresidente de la Cámara de Oviedo. La Ley de Calidad Ambiental por ejemplo establece que este tipo de instituciones puedan colaborar con la administración para supervisar las declaraciones responsables, algo aún sin desarrollar. «Pasamos de una cierta ilusión ante las expectativas generadas a una clara decepción por la falta de avances reales», abundó. Con todo, para Ferreira «la declaración responsable ha tenido un impacto muy limitado; mientras el proceso siga siendo complejo, no soluciona el problema de fondo».

La vicepresidente cameral considera que «sustituir formularios en papel por otros digitales no es simplificar. Simplificar es revisar el fondo de los trámites, cuestionar si todos son necesarios y eliminar duplicidades».

«Habría que vincular el cumplimiento de plazos a incentivos internos dentro de la administración», propone Ferreira. «Es hora de pasar de la burocracia del control a una administración basada en la confianza; necesitamos una cultura administrativa que apueste por la agilidad, la confianza en el ciudadano y el resultado útil», demandó. En síntesis reclama «ambición política y reformas estructurales, no maquillaje legislativo».

Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Gijón, sostiene que las declaraciones responsables y los proyectos PIER «van en la línea correcta», pero que queda recorrido por delante. «El exceso de burocracia sigue siendo uno de los mayores problemas que se encuentran las empresas a día de la fecha para el desarrollo de su actividad, tanto para las que ya funcionan como las de nueva creación», advierte. En ocasiones «llega a decaer el interés por sacar adelante determinados proyectos» y cree que «la mejora es posible; prueba de ello es que hay otras administraciones más ágiles», apunta.

Es una crítica que ya deslizó en la Junta General Daniel González, su homólogo en la Cámara de Avilés. Lo hizo recientemente, recordando que la ley de los proyectos PIER se daba tres meses para valorar las propuestas y establecer si la inversión planteada merecía ese sello o no. En estos momentos hay cuatro propuestas en estudio por parte de la administración, la primera de las cuales presentó los papeles a finales de diciembre. La explicación que da la consejería es que el plazo solo empieza a contar cuanto está completada toda la documentación requerida.

«Hasta la fecha la implementación de la ley PIER no ha contribuido a mejorar la burocracia a los proyectos singulares, no se puede tardar meses sólo para discutir si un proyecto es o no estratégico», afeó el presidente de la institución avilesina. «El mero hecho de aprobar leyes no es suficiente si no se dotan los recursos humanos y materiales para el desarrollo de las mismas», subraya González.