La exministra Cristina Garmendia, entre los científicos que defienden a Otín

Cristina Garmendia. /
Cristina Garmendia.

Forma parte del grupo de 48 expertos que se dirigieron a la revista para pedir, sin éxito, que admitiera una corrección de los trabajos

L. M.

Un grupo de 48 científicos -nacionales en su mayoría- trató de mediar con la revista Journal of Biological Chemistry (JBC) para evitar la retirada total de los ocho artículos publicados en ella por Carlos López-Otín y su equipo. En diciembre, por iniciativa propia y tras revisar y certificar los resultados de los trabajos cuestionados, dirigieron una carta a la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular de EE UU en la que le pedían que admitiera una corrección o una retracción parcial. Esto es, retirar de los artículos solo las figuras en las que se habían detectado errores y «problemas de presentación». Cualquiera de esas opciones, plantearon a la revista, evitaría dejar un vacío en la literatura científica. «Desgraciadamente, no nos hicieron caso», lamenta la bioquímica asturiana Margarita Salas, una de las personas que firmaba dicha carta.

En ella aparecen también nombres como el de Cristina Garmendia, exministra de Ciencia e Innovación en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, bióloga y empresaria biotecnológica, o el de Juan Bueren, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) y vicepresidente de la Sociedad Europea de Terapia Génica y Celular. Entre los firmantes se encuentran investigadores de universidades de toda España, como José López-Barneo, catedrático de Fisiología de la Facultad de Medicina de Sevilla, y varios miembros del Instituto de investigación en biomedicina de Barcelona, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa o del Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols (dependiente del CSIC y la Autónoma de Madrid), entre otros.

«Que esos artículos, cuyas conclusiones estaban validadas, desaparezcan de la literatura hace un flaco favor a la comunidad científica», opina el coordinador de la iniciativa, Juan Valcárcel.

La comunidad científica considera, de hecho, que el tener que retirar esos artículos por fallos que no alteran el resultado de la investigación es «injusto».