Fade pide al Principado que el plan de ajuste no afecte a la inversión
La patronal cree que es una «oportunidad para reordenar prioridades» y las cámaras de comercio ponen el foco en el elevado gasto corriente
Preocupación en la patronal por las consecuencias del Plan Económico-Financiero que el Gobierno del Principado deberá entregar el próximo 3 de julio al Ministerio ... de Hacienda después de haber incumplido la regla de gasto el año pasado con un desvío de 287 millones de euros. La Federación Asturiana de Empresarios (Fade) ve «preocupante» que Asturias deba preparar ahora un plan de ajuste que ofrezca al Ministerio de Hacienda garantías de que esta situación no se repetirá en el ejercicio actual. La patronal pide que estos ajustes no se traduzcan en recortes sobre la inversión productiva o sobre partidas estratégicas para el desarrollo, algo que por el momento el Gobierno regional ha garantizado que no ocurrirá. Pretende la Consejería de Hacienda redirigir la situación identificando partidas no ejecutadas, ahorros o sobrantes que hayan aflorado en la primera mitad del año o que se prevea que puedan darse en lo que queda de ejercicio para que no computen como gasto.
La presidenta de la patronal, María Calvo, advierte de que «lo esencial es preservar la sostenibilidad financiera de la comunidad y garantizar una gestión rigurosa de los recursos públicos. La estabilidad presupuestaria no debe verse como una traba, sino como una condición necesaria». De hecho, reclama al Gobierno de Adrián Barbón que utilice este plan como «una oportunidad para reordenar prioridades, mejorar la eficiencia del gasto y reforzar aquellas políticas que contribuyen a hacer de Asturias un territorio más competitivo». Una oportunidad, insiste Calvo, «para priorizar con criterio y proteger aquello que impulsa el crecimiento y la competitividad de la región». Y en ese sentido advierte también de que debe evitarse seguir aumentando el gasto corriente «porque es el más difícil de corregir cuando cae la recaudación».
Más tranquilidad al respecto muestra Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, quien tras contactar con el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, para conocer «de primera mano» la situación financiera de la Administración autonómica dice confiar en que «no habrá recortes en inversiones». «Esperamos que la situación no afecte gravemente la ejecución presupuestaria de Asturias, ni tenga consecuencias traumáticas», añade.
En línea con el argumento del Gobierno regional, desde la Cámara de Comercio de Oviedo advierten de que no es un incumplimiento exclusivo de Asturias porque «muchas comunidades están atravesando una situación similar», y sitúan como origen del problema «el actual período de transición hacia una nueva aplicación de la regla de gasto, que debe alinearse con las exigencias europeas».
Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, pide también que si deben producirse ajustes no se apliquen en las partidas presupuestarias destinadas a la «creación de riqueza, es decir, aquellas vinculadas directamente a inversión, y sí a gastos corrientes, más susceptible de algún tipo de ajuste».
Algo más crítico se muestra su homólogo en la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González, quien entiende que el desvío de 287 millones «es excesivo» y deberá corregirse para que no se vuelva a repetir en los próximos presupuestos. Eso sí, tal y como se quiso aclarar desde la Consejería de Hacienda, el ajuste exigido por el Ministerio de Hacienda no implica el recorte del gasto en esa cuantía sino en la que podría darse en este ejercicio, mucho «menos dramática», según fuentes de este departamento.
En todo caso, desde la Cámara de Comercio de Avilés entienden que «con cifras récord de recaudación no sería comprensible una disminución de la inversión que pueda comprometer el crecimiento económico de la región». Por el contrario, «debiera mejorarse la eficiencia en otras partidas minimizando los gastos superfluos», proponen. «En los últimos años, un incremento de gasto récord no se corresponde con una percepción de mejora de los servicios públicos en un contexto en el que la población del Principado se mantiene estable en torno al millón de habitantes y que los funcionarios de la administración regional han aumentado más de un 20% desde el 2020», argumentan.
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