La máxima responsable en materia de Educación del Gobierno de Adrián Barbón compareció en respuesta a las preguntas formuladas tanto por el PP como por Vox en relación con la situación de la educación asturiana en general y, en concreto, sobre el conflicto laboral desatado a raíz de la ampliación del servicio de comedor escolar a los meses de septiembre y junio en los centros donde este servicio depende directamente de la Administración regional. Un compromiso electoral muy demandado por las familias que, para sorpresa de muchos, supondrá también el fin de la jornada reducida que los colegios asturianos vienen aplicando tradicionalmente en estos dos meses.
Espina entiende que «siempre hay margen de entendimiento» y de «diálogo» para poder avanzar en la negociación con los representantes de los trabajadores aunque no oculta que la situación es compleja. En primer lugar, dice, porque las organizaciones sindicales han planteado hasta tres tipos diferentes de movilizaciones con tres reivindicaciones diferentes. La consejera insiste en que la extensión del servicio de comedor a partir del próximo curso escolar a los meses de septiembre y junio en los 103 comedores que dependen de la Administración regional es una reivindicación histórica por parte de las familias y que debe ir aparejada a la eliminación de la jornada reducida en todos los centros escolares, porque «no podíamos generar desigualdades». «Teníamos que hacer un sistema equitativo y tomar una decisión para que todos tuviésemos las mismas reglas de juego», defiende Espina.
La propuesta de la consejería trasladada el lunes a los representantes sindicales para tratar de apaciguar los ánimos pasa por que en esa quinta hora lectiva los niños estén en el centro realizando actividades en el patio con un ratio de un maestro por cada 60 alumnos de Primaria y uno por cada 25 de Infantil. Y, en relación con el resto de reivindicaciones, la consejera insistió en que, tras la primera ronda de contactos con los sindicatos llevaba a cabo este lunes, se abrirá «de forma inmediata» una mesa de negociación en la que su departamento está dispuesto a abordar tres cuestiones: asumir la gestión económica de los centros con direcciones unipersonales, introducir un complemento salarial que acorte «la brecha» durante los primeros cinco años de docencia y evitar que las bajas médicas prolongadas supongan pérdidas del complemento salarial.
Ante las duras críticas tanto por parte de PP como de Vox por su gestión en materia educativa y las peticiones de dimisión que se escucharon en la manifestación de docentes, la consejera sacó pecho sobre los acuerdos alcanzados durante los primeros dos años de legislatura. Citó el pacto firmado con los sindicatos que permite a los docentes contar con cuatro días de asuntos propios o el referente a la reducción del ratio de alumnos por maestro, y aseguró que su objetivo «es el mismo que cuando llegué el primer día al cargo: seguir trabajando por la mejora de la educación asturiana, por conseguir un sistema más equitativo y más justo con servicios complementarios de calidad, y un comedor y un transporte escolar de calidad», subrayó. "Claro que hay que mejorar, pero no digamos que todo está fatal, porque no es cierto", reprochó.
Fue una jornada muy dura para la consejera, cuestionada tanto por los docentes como por la oposición. La diputada popular Gloria García le reprochó incluso que después de "dieciséis años" fuera "pionera en desatar la ira de los docentes" y le pidió que "no engañe" a los asturianos vinculando la huelga convocada con la eliminación de la jornada reducida. Desde el PP entienden que se trata de un "problema cronificado" y que "el profesorado está cansado y la gente ha dicho basta". Por su parte, el diputado de Vox Javier Jové le ha recriminado que viva "en la inopia" y en una "realidad paralela", pero también que use la educación para imponer el adoctrinamiento en relación con el feminismo y la llingua. "Sus chochocharlas y las asturcholas. Es lo único que le importa", denunció.
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