Los incendios vuelven a poner a prueba la política forestal del Principado dos años después

Aquella catástrofe marcó un punto de inflexión. En aquel momento, el presidente del Principado, Adrián Barbón, anunció una batería de medidas destinadas no sólo a la restauración de las zonas afectadas, sino también a la mejora de la gestión forestal, la prevención y el refuerzo de los Servicios de Emergencia, con especial atención al cuerpo de Bomberos de Asturias —que poco después inició una huelga para reclamar mejores condiciones laborales y más medios— y a los agentes medioambientales. Hoy, dos años después, las llamas han vuelto a asediar Asturias de Oriente a Occidente y toca hacer balance de lo ejecutado.

El propio Adrián Barbón ha querido destacar las inversiones realizadas en prevención y refuerzo de medios estos dos últimos años, pero sobre todo su decisión de reagrupar bajo un mismo paraguas, y con el consejero Alejandro Calvo al frente, el Servicio de Emergencias.

Sin embargo, también ha reconocido que la virulencia de los incendios recientes, capaces de extenderse de una comunidad a otra, obliga a reflexionar sobre las consecuencias del cambio climático y a reforzar tanto la prevención como la coordinación con las autonomías limítrofes. Entre las medidas anunciadas figuran más recursos para proteger los núcleos rurales, ayudas a los ganaderos que han perdido sus pastos, la organización de un congreso internacional sobre prevención y la propuesta de situar la lucha contra los incendios en el foco político, llevando este asunto a la Conferencia de Presidentes que se celebrará en Asturias antes de fin de año.

Asturias ha destinado en 2025 más de 95 millones de euros a prevención y emergencias ambientales, la mayor cifra de su historia. El presupuesto de territorio y gestión de emergencias creció casi un 5%, un «esfuerzo sin precedentes frente a los efectos del cambio climático y las emergencias ambientales».

Una de las líneas claves puestas en marcha tras los fuegos de 2023 fue la creación de un fondo específico de 18 millones, a repartir entre los ayuntamientos hasta 2026 (4,5 millones al año), destinado a medidas de prevención. A ello se suman 1,3 millones para parroquias rurales en el período 2024-2026, con actuaciones como la retirada de material combustible, limpieza de caminos y creación de franjas de protección entre masas arboladas.

El Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) habrá sumado en estos dos años 123 nuevos profesionales —aunque 40 de ellos están aún pendientes de formación—, superando así los 600 efectivos en plantilla. Una ampliación que, según la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, mejora «de forma sustancial la capacidad operativa y la respuesta ante emergencias climáticas, incendios, inundaciones o desastres naturales».

Asimismo, se han reservado otros 31,5 millones para conservación del patrimonio natural y adaptación de infraestructuras frente al cambio climático, incluyendo la creación de terrenos silvopastorales.

Más allá de los bomberos, la custodia del territorio recae también en los 272 agentes medioambientales que patrullan la Red Natural de Asturias. Desde 2024 trabajan con un horario reforzado que garantiza su presencia de 7 de la mañana a 10 de la noche, con guardias de 24 horas en periodos críticos. Además, serán los primeros en ser reconocidos en el grupo B de la función pública, lo que, según la consejería, supone un «salto cualitativo» en su dignificación y eficacia operativa. Su labor combina vigilancia y detección temprana con educación ambiental y apoyo a los ayuntamientos en la elaboración de Planes Municipales de Defensa contra Incendios Forestales y en la aplicación de medidas agroforestales.

El Principado ha apostado por reforzar la vigilancia mediante nuevas tecnologías, instalando cámaras de control en puntos de riesgo y utilizando drones para la detección temprana y el seguimiento de incendios.

La normativa, mientras tanto, se ha endurecido. La nueva Ley de Montes y Prevención de Incendios Forestales endurece las sanciones, que van de 1.000 a 1.000.000 de euros según la gravedad. Además, la resolución de prevención de incendios prohíbe nuevas plantaciones de pinos y eucaliptos a menos de 150 metros de áreas urbanas y obliga a mantener limpios los terrenos en un radio de 50 metros de las viviendas.

Además, el Gobierno elabora cada año el Plan de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales, que organiza los recursos disponibles e incluye proyectos y cambios normativos. Paralelamente, se avanza en la revisión de la Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra Incendios 2022-2025, con el objetivo de definir nuevas líneas de actuación para el periodo 2025-2031 y «asegurar así una política forestal robusta y adaptada al cambio climático».

La recuperación de zonas quemadas ha sido otro eje prioritario, aseguran desde el Principado. Desde 2023 se han movilizado millones de euros para trabajos de restauración en montes de utilidad pública y ayudas a propietarios. La declaración de «zona catastrófica» permitió invertir un millón de euros en la protección de 3.000 hectáreas contra la erosión y en la reparación de más de 50 kilómetros de caminos afectados en áreas como Tineo-Valdés y Redes-Ponga.

El Servicio de Montes gestionó además tres millones en ayudas para unos 7.000 propietarios de explotaciones forestales afectadas por los incendios de 2023, aunque hay críticas por la baja ejecución. A ello se suman créditos de 1,4 millones en 2024 y 1,2 millones en 2025 para la restauración de montes dañados.